Una familia de Requena (Valencia) ha quedado exonerada de pagar una deuda inasumible con sus ingresos de 145.834 euros y de la segura pérdida de su casa gracias a una resolución judicial en aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad. La resolución, que se dictó durante en diciembre, salva a los afectados de una situación apurada y sin salida, originada por una mala etapa empresarial en la que el hombre participó como administrador , aunque en realidad nunca se ocupó de la gestión ni tuvo control sobre lo que decidía, era un simple operario . Se trataba de un autónomo societario de la empresa que tenía conjunta con otras dos personas, dedicada a la fabricación maquinaria diversa, principalmente para embalaje y empaquetado. «En la práctica su función era puramente operativa, es decir, el que trabajaba para la producción de la empresa, junto con otros empleados, pero no tenía funciones de dirección y administración», han explicado desde el bufete que ha llevado su caso. Por consejo de sus socios, se hicieron varias inversiones para los que tendrían que poner como aval su persona física y, posteriormente, al no ir bien ese riesgo que conllevaron, más la llegada del covid, «todo se vino abajo y tuvo que responder con su patrimonio personal de la deuda de la sociedad, también su mujer, la cual está en régimen de gananciales», han señalado. «Fue al iniciar el procedimiento cuando salió a la luz la verdadera magnitud de las deudas, que incluían pagos pendientes con bancos y con la Seguridad Social , generadas sin que ellos supieran cuándo ni cómo dejaron de pagarlas», han detallado desde la Asociación de Ayuda al Endeudamiento, La deuda total ascendía a 148.834 euros, repartida entre cuatro acreedores principales. Una cifra que hacía prácticamente imposible recuperar la normalidad económica. Además, contando únicamente con los ingresos de una parte de la pareja, no podían asumir toda esa deuda. «Cada decisión quedaba condicionada por la presión constante de estas obligaciones, y la deuda dejó de ser sólo un número para convertirse en una barrera que afectaba su confianza en el futuro», han subrayado. José Domínguez , abogado de esta entidad, ha explicado por su experiencia que «muchas situaciones de sobreendeudamiento no nacen de una conducta irresponsable, sino de contextos donde las personas quedan atrapadas en estructuras que ya no funcionan«. Se trata de unas dinámicas que acorralan a los afectados y no resuelven nada para sus acreedores. «Cuando la deuda pierde toda relación con la capacidad real de afrontarla, deja de cumplir su función económica y se convierte en un elemento de bloqueo social », abunda Domínguez. A su juicio, la Ley de la Segunda Oportunidad «permite precisamente recuperar ese equilibrio, reconociendo que el valor económico no es fijo, sino que depende de la confianza de que pueda sostenerse en el tiempo». Por eso, «cuando esa confianza se rompe, mantener la deuda no genera cumplimiento, sino exclusión y parálisis», ha apostillado. En este caso, el juzgado, previa solicitud de los letrados, ha aceptado la solicitud de exoneración con un plan de pagos , lo que permite mantener en propiedad la vivienda habitual de los exdeudores a cambio de que asuman una cuota mensual durante cinco años en función de sus ingresos. Con esta resolución, el juzgado declara el concurso como fortuito y pone fin a un proceso que había congelado durante años la capacidad de esta familia de proyectar su vida con normalidad. «No se trata sólo de cancelar deudas, sino de recuperar un marco de estabilidad desde el que volver a tomar decisiones económicas sin miedo , ha resaltado este abogado. Casos como este muestran que la Ley de la Segunda Oportunidad «no es solo un instrumento contable, es una herramienta social que devuelve la posibilidad de reconstruir el futuro, al devolver a las personas la capacidad de planificar su vida desde una base realista y sostenible», en su opinión.
