Con los cerca de 22 millones de afiliados con que cerró el ejercicio de 2025, la Seguridad Social marca el crecimiento de un mercado laboral que cinco años después de la reforma laboral impulsada por Yolanda Díaz no logra esconder sus fallas estructurales. A la figura del fijo discontinuo, opacada y aún sin registros oficiales, o el alza de los despidos en periodo de prueba, multiplicados por cuatro desde diciembre de 2021, se suma una precariedad salarial cuya imparable extensión amenaza con dinamitar la configuración social de las clases medias que sostienen todo modelo democrático. Con una moda estadística situada en un salario de 15.575 euros anuales, el más frecuente en España, lo que está en juego no es ya el poder adquisitivo de quienes están en nómina de una empresa o un organismo público, sino la propia estabilidad de un sistema que depende de la confianza económica de una gran clase media para no asomarse al precipicio de los populismos. El caldo de cultivo está ahí.
