Las distintas administraciones y actores que participan en la implementación del nuevo diseño judicial en España y, sobre todo, la precipitación con la que se ha llevado a cabo la reforma están convirtiendo la aplicación de la ley de eficiencia en la justicia, apadrinada por el ministro Félix Bolaños, en una pesadilla. Tanto en las comunidades que dependen del ministerio como en las que tienen transferidas las competencias en esta materia se están detectando problemas en el nuevo modelo de organización judicial que oficialmente echó a andar el 1 de enero con la puesta en marcha de la tercera y última fase de la reconversión de juzgados en tribunales de instancia. Problemas informáticos, adscripción de funcionarios, reorganización de las oficinas...
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