PDVSA pide a la Audiencia que prorrogue la causa por su saqueo y reclama información a Venezuela
PDVSA ha pedido a la Audiencia Nacional que prorrogue al menos medio año más el procedimiento abierto en 2017 por el saqueo del que fue víctima. Su defensa legal sostiene que todavía quedan pruebas por practicar y solicita, entre otras diligencias, que se libre una comisión rogatoria a Venezuela para esclarecer si allí se investiga por delito de corrupción el expolio de la compañía estatal.
La solicitud responde a un requerimiento del Juzgado Central de Instrucción número 3 que pidió a las partes personadas que se pronunciaran sobre una posible prórroga de estas pesquisas que van camino de cumplir su noveno año de instrucción. A falta de que informe la Fiscalía Anticorrupción, la compañía -que litiga como perjudicada- lo ha hecho pidiendo la prórroga de las mismas. Sin embargo, otros implicados en el procedimiento, como el que fuera viceministro de Energía del Gobierno de Hugo Chávez, Javier Alvarado Ochoa, dicen que es "inútil" seguir alargando unas pesquisas que todavía no cuentan con los documentos clave solicitados a la compañía estatal.
En esta nueva documental adherida al caso, y que avanza LA RAZÓN, Alvarado Ochoa recuerda que PDVSA lleva cinco años negándose a aportar los documentos relativos a más de 2.600 operaciones de compra sospechosas de haber encubierto el expolio de la petrolera. El exviceministro, que colabora con la Justicia, sostiene que la falta de medio probatorio obedece "única y exclusivamente a la voluntad deliberadamente rebelde y obstructiva" de PDVSA. Además, asegura que todas las comisiones rogatorias a Estados Unidos, República Checa y Letonia libradas por el Juzgado Central de Instrucción (ahora reconvertido en plaza de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia) ya se han practicado y cumplimentado.
Desfalco de 1.000 millones de dólares
Sin embargo, PDVSA sostiene que es "imprescindible" terminar con esta causa en el marco de la cual se investiga el pago de sobornos a funcionarios venezolanos de PDVSA por parte de empresarios como el magnate venezolano Roberto Enrique Rincón a cambio de adjudicaciones millonarias de la compañía. La petrolera sostiene que las autoridades estadounidenses deben completar la comisión rogatoria solicitada sobre el propio Rincón y el también empresario Abraham Shiera, quienes se declararon culpables de haber sobornado a funcionarios de la petrolera. Estos magnates, investigados en la Corte de Distrito Sur de Texas, se habrían apropiado de 750 millones de dólares de un expolio continuado entre 2009 y 2014 que superaría los 1.000 millones de dólares.
Del mismo modo, el abogado de la compañía estatal insiste en que se libre comisión rogatoria a Venezuela para que informe si mantiene abierta alguna investigación penal por delito de corrupción por estos hechos. Además, insiste en que se localicen y se investiguen las cuentas bancarias del exmilitar venezolano Said Aurelio Cabrera (quien fuera colaborador cercano del exjefe de Inteligencia Hugo Armando "El Pollo" Carvajal) y de Carmen Julia Pérez. La UDEF les identificó en 2022 por haber participado presuntamente en el desfalco de la compañía, en connivencia con la familia Rincón, mediante la venta de vehículos a Bariven (filial de compras de PDVSA) utilizando una sociedad interpuesta.
La Policía detectó que este exmilitar (también investigado en República Dominicana y a quien la Audiencia Nacional acaba de detener en Qatar en el marco de otras diligencias) se apoyó en Pérez para blanquear los millones de dólares obtenidos en la operación en España. En concreto, figura la compra de una vivienda en Madrid por un millón de euros. En ese sentido, la petrolera reclama una "investigación complementaria" para acceder a información fiscal y de otra índole de estas personas. "Habida cuenta lo anterior, resulta evidente la imposibilidad de concluir la fase de instrucción, pues quedan diligencias de investigación interesadas por resolver, y de las que puede surgir la necesidad de practicar ulteriores, por lo que procede acordar una nueva prórroga de la investigación por seis meses", concluye el abogado de la petrolera.
La documentación que no entrega PDVSA
La solicitud se reitera en un momento especialmente delicado para el país, tras la detención por parte de Estados Unidos de su presidente, Nicolás Maduro, acusado de narcoterrorismo, conspiración para el narcotráfico o tenencia ilícita de armas, y en plena incautación del crudo bolivariano. En ese sentido cabe recordar que Alvarado Ochoa denuncia que la compañía está obstaculizando la entrega de documental clave que probaría que el Comité de Operaciones de PDVSA y su Junta Directiva (de la que formaba parte Maduro) eran conocedores de las más de 2.600 operaciones de compra sospechosas de ocultar el saqueo de la compañía.
Así, mientras PDVSA atribuye las irregularidades a Alvarado Ochoa, este sostiene -en sintonía con lo expuesto por la UDEF- que el Comité Ejecutivo autorizó en marzo de 2012, todavía bajo el Gobierno de Hugo Chávez, la suscripción de una línea de crédito con la empresa Administradora Atlantic que superarían los 17.490 millones de bolívares. De hecho, el documento relativo a esta autorización lo firmaron, entre otros, el que fuera presidente de PDVSA, Asdrúbal Chávez, y Nicolás Maduro, quien figuraba con el cargo de director. Por ello, la defensa de Alvarado Ochoa ha reiterado en innumerables ocasiones que se cumpla con el requerimiento de la juez de 2020 y se aporten las actas originales de los documentos de compra.
Según la UDEF, se trató de una operación fraudulenta toda vez que Administradora Atlantic sería una empresa pantalla que utilizaron para desviar el dinero a otras dos mercantiles, asentadas en Panamá y en las Granadinas. Además, la Policía advirtió que la clave de la operación estribó en que se pactó devolver estas cantidades (unos 4.000 millones de dólares) en una divisa diferente. De esta forma se pretendía vender "notas" a grandes grupos privados para su pago en bolívares pero por los que recibían un pagaré en dólares.