La propuesta del Gobierno de Pedro Sánchez sobre financiación autonómica ha abierto un debate tan ruidoso como tramposo. Se nos empuja a elegir bando entre quienes invocan la 'solidaridad' y quienes ahora defienden la 'ordinalidad', una noción importada al debate español por la Generalitat catalana según el cual una comunidad rica no debería quedar en peor posición relativa tras contribuir al sostenimiento del conjunto. Dicho así, suena razonable, pero distrae de lo esencial. La Constitución solo consagra dos principios en esta materia: solidaridad y coordinación entre administraciones. Todo lo demás es ingeniería política. La ordinalidad no es un principio constitucional, sino una coartada política: sirve para convertir una discusión que debería discurrir sobre la eficiencia del gasto en una pelea...
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