La brecha de género en la transición energética cuesta a España 122.000 millones de euros al año
La transición energética, uno de los grandes ejes estratégicos para afrontar la crisis climática y reforzar la competitividad económica, sigue arrastrando una asignatura pendiente: la igualdad de género. Así lo concluye el informe "Coste de oportunidad de la brecha de género en la transición energética", elaborado por ClosinGap e impulsado por Enagás, que alerta de que la infrarrepresentación femenina en este sector estratégico supone un importante freno económico y social. Según el estudio, cerrar la brecha de género podría incrementar el Producto Interior Bruto (PIB) español en 122.000 millones de euros anuales, lo que equivale al 7,7% del PIB nacional.
El análisis pone cifras por primera vez al impacto económico de la desigualdad de género en los sectores vinculados a la transición energética. Actualmente, solo una de cada cuatro personas que trabajan en este ámbito es mujer, a pesar de tratarse de un sector con mejores condiciones laborales que la media, menor temporalidad y brechas salariales más reducidas. El talento femenino, subraya el documento, sigue infrautilizado en un momento clave para el desarrollo económico y la sostenibilidad del país.
El estudio, elaborado por la consultora Afi, advierte además de que, si se mantienen las tendencias actuales, la paridad no se alcanzará hasta al menos 2061. Incluso con políticas activas de igualdad, el horizonte se situaría en 2043. Solo un cambio profundo y acelerado, alineado con los compromisos internacionales de igualdad en 2030, permitiría cerrar la brecha en un plazo razonable, lo que exigiría multiplicar por cinco el ritmo actual de incorporación de mujeres al sector.
Durante la presentación del informe, la directora del Instituto de Transición Justa, Judit Carreras, subrayó que la transición energética no es únicamente un proceso tecnológico o ambiental, sino también "una palanca para mejorar la calidad del empleo y avanzar hacia una sociedad más justa". En su opinión, una mayor ambición en igualdad de género acelera la convergencia económica y genera un impacto positivo en el bienestar colectivo.
En la misma línea, el consejero delegado de Enagás, Arturo Gonzalo, defendió que "detrás de cada dato hay personas, talento y oportunidades que no podemos permitirnos perder". Gonzalo insistió en que medir la desigualdad es un paso imprescindible para diseñar políticas eficaces y destacó el compromiso de la compañía con la diversidad, reflejado en una representación femenina del 50% en su Comité Ejecutivo y del 40% en su Consejo de Administración y puestos directivos.
La presidenta de ClosinGap, Marieta Jiménez, calificó el informe como "una invitación a actuar con urgencia" y a diseñar la transición energética desde la convicción de que la igualdad no es un elemento accesorio, sino una condición indispensable para el progreso económico y social.
El documento revela que, pese a que las mujeres representan el 38% de las personas empleadas con estudios universitarios en el sector, solo ocupan el 24% del empleo total y se concentran mayoritariamente en áreas administrativas y menos remuneradas. Su presencia sigue siendo muy limitada en puestos técnicos, operativos y de liderazgo: apenas el 22% de los cargos directivos están ocupados por mujeres. El conocido "techo de cristal" persiste en todas las generaciones, incluso entre las más jóvenes.
La desigualdad se origina ya en las etapas formativas. La escasa presencia femenina en itinerarios de Formación Profesional y titulaciones STEM vinculadas a la energía limita el acceso a las oportunidades del empleo verde. Solo el 11% de las mujeres egresadas en carreras relacionadas logra incorporarse al sector, frente al 23% de los hombres.
El informe también pone el foco en un aspecto menos visible: la pobreza energética afecta con mayor intensidad a hogares encabezados por mujeres, especialmente monomarentales y pensionistas, lo que agrava situaciones de vulnerabilidad, sobrecarga de cuidados y problemas de salud.
Como respuesta, ClosinGap propone un paquete de medidas que incluye incentivos en formación y selección, campañas de visibilización de referentes femeninos, mejoras en el seguimiento de las políticas de igualdad y una mayor automatización en el acceso a ayudas contra la pobreza energética. La conclusión es clara: avanzar hacia la igualdad de género en la transición energética no es solo una cuestión de justicia social, sino una decisión estratégica capaz de impulsar el crecimiento, la innovación y la sostenibilidad de la economía española.