El Grupo Parlamentario Socialista defiende hoy, en el primer pleno del año de las Cortes de Castilla-La Mancha, una propuesta de resolución que plantea la impugnación del nuevo sistema de financiación autonómica si el Gobierno de España mantiene su tramitación sin el acuerdo del conjunto de comunidades de régimen común, en el marco del debate general sobre financiación autonómica y condonación de la deuda. La iniciativa, según ha podido saber ABC, insta de forma expresa al Gobierno regional a que, «en el supuesto de que el Gobierno de España continúe con la tramitación del nuevo modelo, sin el concurso del resto de comunidades autónomas de régimen común, utilice las vías jurídicas a su disposición para su impugnación», al considerar que dicho planteamiento es « totalmente contrario a los principios de igualdad y solidaridad que debe sustentar cualquier sistema de financiación». Este planteamiento se acompaña de una exigencia clara de negociación multilateral . La propuesta de resolución reclama «iniciar una negociación con todas las comunidades autónomas de régimen común en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, para abordar un nuevo modelo de financiación autonómica que pueda ser acordada entre el Estado y el conjunto de las regiones y no de manera bilateral». En el mismo sentido, insiste en que la negociación debe realizarse «con la participación de todas las comunidades de régimen común», conforme a lo establecido en la normativa vigente. Junto a la advertencia jurídica, el texto recoge un rechazo expreso al modelo planteado por el Gobierno de España . La propuesta insta al Ejecutivo autonómico a «rechazar el nuevo modelo de financiación autonómica presentada por el Gobierno de España, por su carácter regresivo e injusto ». A juicio de los socialistas castellanomanchegos, el sistema propuesto rompe el equilibrio territorial porque «consagra el principio de ordinalidad, con mayor financiación por habitante a las comunidades autónomas con mayor nivel de renta per cápita». Frente a ese planteamiento, la propuesta de resolución defiende que el nuevo sistema debe asentarse en el principio de igualdad entre ciudadano s. El texto subraya la necesidad de «garantizar, ante todo, el principio de igualdad», de manera que «cada ciudadano y ciudadana pueda recibir los servicios públicos con el mismo nivel de calidad con independencia de su capacidad económica y con independencia de la capacidad económica del territorio en el que residan». Para ello, fija como objetivo «igualar la financiación por habitante ajustado en todas las comunidades autónomas». Mientras no se alcance un nuevo modelo consensuado, la iniciativa plantea una medida transitoria para corregir los desequilibrios del sistema actual. En concreto, insta al Gobierno de España a «aprobar, mientras no haya un nuevo modelo de financiación autonómica, un fondo transitorio de nivelación » destinado a «corregir el desequilibrio financiero que sufren cuatro comunidades autónomas, entre ellas Castilla-La Mancha, por el funcionamiento del vigente sistema de financiación autonómica». El último bloque de la propuesta se centra en la condonación de la deuda autonómica. En este apartado, el Grupo Parlamentario Socialista expresa su respaldo a la iniciativa acordada entre el Gobierno de España y el Ejecutivo regional. La resolución señala que «apoyan la propuesta presentada por el Gobierno de España y negociada con el Gobierno de Castilla-La Mancha», destacando que incorpora «la infrafinanciación como uno de los criterios fundamentales para cuantificar la condonación de la deuda en cada comunidad autónoma». Según recoge el texto, esta medida «supondrá para la región un ahorro estimado de 760 millones de euros en intereses durante los próximos años» y situará a Castilla-La Mancha «como la comunidad autónoma a la que mayor deuda se le va a condonar por habitante». Por último, la propuesta de resolución subraya «la coherencia del Gobierno regional en relación a la condonación de la deuda» y recuerda que Castilla-La Mancha «fue la primera comunidad autónoma que en 2017 solicitó al entonces Gobierno de España, presidido por Mariano Rajoy, la condonación de la deuda vinculada al mal funcionamiento del actual sistema de financiación autonómica».
