Almeida pide otra ley de vivienda y apuesta por su plan: agilizar plazos, desbloqueo de proyectos y construcción pública
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha cambiado este miércoles el Palacio de Cibeles por el Senado para explicar cómo influye el marco legal nacional en la solución al problema de la vivienda en el municipio de Madrid. Y la respuesta ha sido clara: la ley estatal «ha agravado considerablemente la situación en la que se encuentra la vivienda en España» y su efecto ha sido «muy negativo». Por ello, el regidor plantea, en primer lugar, otra ley nacional, y sugiere aplicar sus políticas porque «van en la dirección adecuada». Mejoras normativas, construcción pública y el desbloqueo de desarrollos urbanísticos son algunas de las apuestas del Gobierno municipal para incrementar la oferta de inmuebles.
Antes de enumerar sus recetas para mejorar la situación, ha hecho una retrospección para culpar al Gobierno de las circunstancias que existen actualmente alrededor del mercado de la vivienda. Según los datos del alcalde, cuando Pedro Sánchez llegó a La Moncloa, «el escenario era de un incremento del precio del alquiler de aproximadamente un 1%», pero la «legislación profusa» a través de reales decretos que ha adoptado desde 2019 y la ley estatal han derivado en que ese incremento se encuentre, actualmente, muy por encima de esa cifra. «La Ley de Vivienda de mayo de 2023 expulsó del mercado al 45% de las viviendas que había en aquel momento y, al mismo tiempo, han subido los arrendamientos una media del 40%», asegura, por lo que «la legislación y las declaraciones de intenciones no han hecho más que emborronar y dificultar aún más el acceso a la vivienda en España y particularmente en la ciudad de Madrid».
Ese «intervencionismo excesivo y la desproporción absoluta entre las obligaciones del arrendador y el arrendatario» han provocado, a juicio de Almeida, que muchos inmuebles ya no se ofrezcan a los ciudadanos. Además, culpa a las «trabas regulatorias» que existen en España y que impiden incrementar la oferta en línea con el aumento de la población: «El Banco de España calculó en 2023 que hacen falta entre 500.000 y 700.000 viviendas nuevas cada año y se construyen alrededor de 100.00», lamenta.
Pese a que no quiere «vender humo ni falsas ilusiones» a los madrileños, ya que el problema no se soluciona de un día para otro, cree que sus acciones van en la buena dirección para aumentar la cantidad de casas en la capital. En primer lugar, con el desbloqueo de desarrollos urbanísticos, que ha permitido «tener la mayor bolsa de reserva de suelo de cualquier ciudad en Europa» destinada a edificar: «Tenemos los desarrollos del sureste, conseguimos desbloquear Madrid Nuevo Norte y estamos trabajando en la Operación Campamento», recuerda el regidor, quien además insiste en que, actualmente, «el Ayuntamiento puede entregar licencias para empezar a construir 60.000 viviendas inmediatamente gracias a la gestión finalista del suelo».
En este punto también considera clave el trabajo conjunto con los promotores y «trabajar en nuevas medidas que permitan agilizar la construcción desde el punto de vista administrativo, fiscal…». Así, recuerda su rebaja al Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), cuyo tipo se mantiene en el 3,75%, y las bonificaciones y la última medida que ha anunciado en este sentido: otorgar primas de edificabilidad para los promotores que sean capaces de ejecutar los desarrollos urbanísticos acortando los plazos de tiempo.
Agilización de la normativa para acortar plazos
Otra de las líneas que apoya el primer edil tiene que ver con la normativa, para acortar los plazos e incrementar la oferta, como la simultaneidad del proceso de urbanización y edificación. Recuerda que la primera medida que acometió al inicio de este mandato fue la aprobación de unas nuevas normas urbanísticas con las que se agilizaron los trámites administrativos para impulsar los nuevos desarrollos y «se tuvo en cuenta las nuevas realidades como el coliving o el cohousing«. También el Ayuntamiento de Madrid fue «el primero que introdujo la licencia básica para que pudiesen vivir cuanto antes en sus casas». Esta figura permite a los particulares comenzar las obras en un mes mientras se validan los demás aspectos del proyecto. Asimismo, recuerda la aprobación del Plan Reside para regular los pisos turísticos e incrementar la oferta para residentes en el centro de la ciudad mediante la transformación de edificios dotacionales y terciarios en residenciales.
En tercer lugar, señala la construcción de vivienda pública como otra de sus políticas. Con la presencia del alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, el primer edil de la capital ha recordado el último Boletín de Vivienda Protegida del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible publicado a principios de 2025, cuando Madrid superó por primera vez a la Ciudad Condal en construcción de vivienda asequible. Tres de cada diez viviendas protegidas construidas por las administraciones de España para alquiler sin opción a compra se levantaron en Madrid en 2024. «El último año Madrid hizo más vivienda protegida que Cataluña, Asturias, Navarra y Castilla-La Mancha juntas», presume.
Esta situación se va a repetir también en 2026, cuando, según Almeida, la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS Madrid) va a alcanzar un parque de casi 10.300 pisos públicos destinados a alquiler asequible en la ciudad con la finalización de las obras de tres promociones y la ejecución de otros proyectos. Sin embargo, a pesar de que a lo largo de los últimos cuatro años ha invertido más de mil millones de euros en este fin, critica que «el Estado solo haya destinado 19 millones». Sugiere que los ayuntamientos de todo el país necesitan que «el Gobierno o bien colabore económicamente o bien permita usar los remanentes de tesorería para construir vivienda».
Resulta fundamental, según Almeida, que además de estas medidas «que se están revelando útiles y eficaces», haya un marco normativo distinto que no perjudique a los propietarios. «No puede haber este desequilibrio», afirma porque «no es una cuestión de fondos buitre, no nos engañemos. La mayoría de las viviendas que pueden alquilarse están en manos de propietarios particulares que buscan una renta extra y quieren seguridad para sacar su vivienda al mercado». Se refiere al problema de la okupación, el cual «hay que resolver» porque «no podemos hacer recaer sobre el propietario las consecuencias sociales, las tendrán que asumir las administraciones». Con este desglose en el Senado, Martínez-Almeida reitera la necesidad de solucionar el que los españoles ya sitúan como el primer problema del país: el acceso a una vivienda.