Dimensión política
México ha hecho un esfuerzo para erradicar la producción de drogas. La colaboración ha avanzado en el primer año de este sexenio de forma importante. Omar García Harfuch ha hecho una buena labor en este campo y es reconocido por las autoridades norteamericanas. Pero el combate al narcotráfico implica, para el gobierno de Trump, acabar con la protección política a los cárteles; esa exigencia pone a la Presidente Sheinbaum entre dos fuegos, atrapada entre su grupo político y las exigencias de frenar a quienes protegen el narcoterrorismo.
Trump no va a intervenir en el creciente autoritarismo del gobierno de la 4T, ese no es su interés. Esa lucha nos corresponde a nosotros. Combatir el proyecto de Reforma Electoral, recuperar el Congreso, regresarle a la SCJN su autonomía, pronunciarnos contra el endeudamiento son acciones que los mexicanos debemos enfrentar. Recordemos que la soberanía reside en el pueblo, no en el gobierno. Y recordemos que Claudia Sheinbaum eligió no representar la unidad nacional, a la que llama, y solo gobierna para quien está de acuerdo con sus ideas. Los demás no existen, son referidos como oposición, traidores, vendepatrias, etc.
Si EEUU decide intervenir en nuestro territorio no será con una invasión. Ya lo vimos en Venezuela. De hecho, es probable que ya estén en territorio mexicano varios operadores militares. E igual que en Venezuela, es probable que existan diálogos previos a una acción armada. ¿Cuál podría ser? Pues tomar a quienes en EEUU han sido denunciados por los testigos protegidos, con pruebas, y que ejercen una influencia decisiva en la protección a los cárteles.
¿Qué nos pueden pedir? Subordinarnos a operar muy limitadamente con China, sacar a los espías rusos, y plegarnos a cambios en la negociación del T MEC. Aun cuando Trump afirme que no necesita de éste, las cadenas productivas con Texas y otros estados son irremplazables en el corto plazo. Así pues, estamos en una dimensión política del narcotráfico.
Mientras que para EEUU cortar la protección política a los narcoterroristas es una acción de defensa de su seguridad nacional, para México es una intervención contra su soberanía. Dos puntos de vista diametralmente opuestos. El concepto de legítima defensa ha cambiado desde el atentado del 11S en EEUU, y el foco pasó a centrarse en el efecto producido, así el daño comenzó a tener relevancia jurídica, explica Santiago González. Añade que a diferencia de los ataques armados clásicos, los fenómenos de violencia estructural no convencionales son procesos sostenidos que producen un número de víctimas comparable, o superior, al de conflictos armados tradicionales. La crisis de sobredosis en EEUU, la magnitud de las muertes, su persistencia en el tiempo y su impacto en la sociedad plantean la cuestión de si el derecho internacional puede seguir tratando este fenómeno exclusivamente como un problema de salud pública o criminalidad transnacional, o debe atender las implicaciones de seguridad nacional.
Así planteado, señala González, tenemos una ausencia prolongada de alternativas eficaces frente a una amenaza persistente que continúa produciendo víctimas, es una amenaza que mata diariamente. La asimetría entre muertes causadas por atentados terroristas y las muertes derivadas de sobredosis resulta jurídicamente perturbadora. La crisis se agrava cuando existen vínculos funcionales entre organizaciones violentas y estructuras estatales, y se pasa al plano de la responsabilidad internacional. Estamos en zonas grises normativas.
Si bien se condenó la acción de intervención en Venezuela por México y varios países y la ONU adoptó el criterio de su artículo segundo, la visión y la respuesta de EEUU no corresponden al marco multilateral. El movimiento MAGA (Hacer a Estados Unidos grande otra vez), por sus siglas en inglés, tiene otra visión y Trump ha expresado que no respetará el derecho internacional cuando se trata de la seguridad de su país.
Estamos en un contexto donde el Consejo de la ONU no ha sido capaz de desarrollar una normativa antiterrorista o ampliar su capacidad para autorizar acciones concretas contra estados que toleran o instrumentan las prácticas terroristas.
Así las cosas, estamos dos en el escenario: México y EEUU. O se logra un acuerdo como acción conjunta para atacar la dimensión política del narcotráfico, o veremos acciones unilaterales de las que no podemos defendernos, ni invocando soberanía, ni buscando las fallas de EEUU en la prevención del consumo de drogas y la venta de armas. Se trata de una visión de legítima defensa de su seguridad nacional. Hay más muertos por sobredosis que por combatientes en las recientes guerras de EEUU. Esa es la dimensión del problema que también afecta a México que aporta muertos, desaparecidos, corrupción, y falta de gobernabilidad en territorios tomados por los cárteles.
Trump ha dicho que con Maduro habló de varias salidas, todas rechazadas. Entre Trump y Sheinbaum han habido 15 llamadas telefónicas, pero no se aprecia un avance sustantivo en la dimensión política del narcotráfico. Ese es el meollo del problema que coloca a Sheinbaum en una posición muy vulnerable. Sus aliados no podrán protegerla. Incluso podrían buscar su salida. Pero eso tampoco ataca el aspecto político de la protección al narcotráfico.
Por sus propios intereses, Trump tiene que dar cuentas a su país no solo en materia de inmigración, de aranceles, y otros temas, sino en aspectos de seguridad nacional ligados a lo que ya clasificaron como narcoterrorismo. Así que el tiempo para negociar se agota.