Aprovechando la presencia del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, en el parlamento castellanomanchego para las votaciones de las propuestas en el debate de las Cortes, el presidente regional del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha aprovechado su turno de palabra para ofrecerle alcanzar «un acuerdo conjunto» donde tanto PP como PSOE utilicen «todas las herramientas institucionales» para impedir la aprobación del nuevo modelo de financiación autonómica. Núñez ha ofrecido a Page un pacto para que «ningún diputado ni senador que represente a Castilla-La Mancha vote a favor del modelo», con el objetivo de garantizar que la propuesta no salga adelante en las Cortes Generales. Un pacto que ha sido rechazado por la portavoz socialista en el Parlamento autonómico, Ana Isabel Abengózar pese a que el líder del PP de Castilla-La Mancha ha recordado a los socialistas que el «mejor recurso contra el nuevo modelo es evitar que sea aprobado en el Congreso» , circunstancia que, según Núñez, requiere que los ochos diputados socialistas en el Congreso por Castilla-La mancha voten en contra de la propuesta bilateral negociada por el Gobierno de Pedro Sánchez y los independentistas catalanes. Momentos antes, en representación del Gobierno regional, el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Alfonso Ruiz Molina, ha expresado el rechazo del Gobierno de Castilla-La Mancha a la propuesta de nuevo modelo de financiación autonómica planteada por el Gobierno de España, al considerar que rompe los principios de igualdad, solidaridad y multilateralidad y perjudica los intereses de la región. Ruiz Molina ha subrayado que la propuesta conocida entre la rueda de prensa del viernes y la celebración del Consejo de Política Fiscal y Financiera no ha sido negociada con las comunidades autónomas, sino con un grupo político sin representación institucional, vulnerando el principio de multilateralidad. Asimismo, ha advertido de que introduce el principio de ordinalidad, una «línea roja» para Castilla-La Mancha, al consolidar privilegios territoriales e impedir garantizar servicios públicos en igualdad de condiciones. El consejero ha denunciado además la falta de transparencia del Gobierno central, reclamando la publicación de los datos oficiales sobre financiación por población ajustada para que las comunidades puedan evaluar con rigor el impacto real del modelo . Aunque ha reconocido el aumento global de recursos anunciado, ha insistido en que lo relevante es que el reparto sea justo y no arbitrario, y ha reiterado la necesidad de un fondo transitorio de nivelación para las comunidades infrafinanciadas mientras se aprueba un nuevo sistema. Ruiz Molina también ha defendido la condonación de la deuda, que en el caso de Castilla-La Mancha supone cerca de 5.000 millones de euros y un ahorro estimado de 760 millones en intereses, al reconocer la infrafinanciación sufrida por la región durante años. Desde Vox, su portavoz ha rechazado no solo el acuerdo concreto, sino el propio sistema de financiación autonómica , al que ha calificado de agotado, defendiendo una revisión en profundidad del modelo territorial con una visión nacional. Además Ruiz Molina ha insistido en que su posición responde exclusivamente a la defensa de los intereses de la región, con independencia del color político del Gobierno central, y ha reiterado su compromiso con un modelo de financiación «justo, suficiente y solidario» que garantice la igualdad entre ciudadanos y la prestación de servicios públicos de calidad en todo el territorio. La resolución del Grupo Socialista, que ha sido aprobada con los votos a favor de los socialistas, autoriza a la Junta a impugnar judicialmente el nuevo modelo de financiación autonómica en caso de que fuera aprobado en el Congreso.
