Soberanía sobre los recursos naturales: una decisión económica, no ideológica
En el debate público suele presentarse la soberanía sobre los recursos naturales como una postura ideológica. En realidad, es una decisión económica y fiscal que define la capacidad de un país para financiar su desarrollo, proteger su estabilidad y reducir vulnerabilidades estructurales. En el caso de México, los datos son claros.
Históricamente, los ingresos petroleros han sido una de las principales fuentes de financiamiento del Estado. En su punto más alto, la renta petrolera llegó a representar hasta una quinta parte de los ingresos públicos federales. Incluso hoy, con una economía más diversificada, el sector energético sigue siendo un pilar fiscal. Cuando el control de estos recursos se debilita, el impacto no es abstracto: se reduce el margen presupuestal para infraestructura, salud, educación y política social, o se compensa con mayor endeudamiento o carga fiscal.
En electricidad, la experiencia comparada es contundente. En México, la empresa pública mantiene más del 50% de la generación eléctrica, lo que ha permitido amortiguar choques externos como la crisis energética global de 2022–2023. Mientras países con mercados completamente liberalizados enfrentaron alzas abruptas en tarifas domésticas e industriales, México logró contener incrementos por debajo de la inflación en amplios segmentos, protegiendo competitividad y poder adquisitivo. Esto no es menor en una economía altamente integrada a cadenas de valor industriales.
El agua es quizá el recurso estratégico más subestimado. México se ubica entre los países con mayor estrés hídrico dentro de la OCDE: alrededor del 70% del territorio enfrenta algún nivel de escasez. En este contexto, tratar el agua exclusivamente como insumo económico sin rectoría pública incrementa riesgos sistémicos para agricultura, turismo e industria.
La soberanía hídrica no es un freno al crecimiento; es una condición para su viabilidad de largo plazo.
En minería, México es líder mundial en plata y posee minerales clave para la transición energética. Durante décadas, un esquema de concesiones con regalías bajas generó una paradoja: alta extracción, bajo retorno fiscal y elevados pasivos ambientales. Recuperar la rectoría del Estado no implica cerrar el sector, sino alinear incentivos para que la explotación genere valor agregado, ingresos públicos y mitigación ambiental, reduciendo conflictos sociales que encarecen proyectos y elevan la percepción de riesgo país.
La transición energética refuerza este argumento. México cuenta con uno de los mayores potenciales solares del continente y corredores eólicos de clase mundial. Sin soberanía sobre su sistema energético, la transición queda sujeta al ciclo de rentabilidad de corto plazo. Con ella, puede planearse una ruta que combine reducción de emisiones, seguridad energética y tarifas competitivas para la industria.
En términos estrictamente económicos, la conclusión es simple: la soberanía sobre los recursos naturales amplía el espacio fiscal, reduce la exposición a choques externos y permite una planeación de largo plazo. Renunciar a ella traslada decisiones estratégicas a actores cuyo objetivo central no es el desarrollo nacional, sino la maximización de rendimientos.
Para México, la pregunta no es si puede darse el lujo de ejercer soberanía sobre sus recursos.
La pregunta es si puede darse el lujo de no hacerlo. En un entorno global volátil, la respuesta parece cada vez más evidente.