Dos vicepresidentas, cinco ministros y un secretario de Estado iban a fajarse reuniéndose «al menos una vez al trimestre» desde octubre de 2024 para impulsar y analizar el Plan de Acción por la Democracia «en cada momento», evaluar sus efectos y proponer correcciones o mejoras. Los elegidos fueron María Jesús Montero (Hacienda), Yolanda Díaz (Trabajo), Félix Bolaños (Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes), Óscar López (Transformación Digital), Fernando Grande-Marlaska (Interior), Carlos Cuerpo (Economía), Ernest Urtasun (Cultura) y Francesc Vallès (secretario de Estado de Comunicación) para, teóricamente, establecer un control desde un amplio abanico de competencias y perfiles que diera más garantías ante lo delicado de la tarea. No en vano, ese plan —ideado por Pedro Sánchez tras su reflexión...
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