La comunidad de regantes del Páramo Bajo (comarca de las provincias de León y Zamora) no pidió cita previa ni había dado aviso oficial de sus intenciones, pero este lunes por la mañana ha movilizado a un grupo de agricultores para hacer visible su queja en Valladolid. Hasta 29 de ellos se han colado en las dependencias de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) y se han atrincherado allí. Simplemente se han sentado en una de las salas indicando que no se moverían hasta hablar con su presidenta, María Jesús Lafuente. El resto, unas 400 personas venidas en siete autobuses, según la propia comunidad, ha permanecido a la puerta con pitadas y gritos de descontento por lo que consideran un compromiso «roto» y de forma «unilateral». El presidente del Sindicato de Riego de la Comunidad de Regantes del Páramo Bajo de León y Zamora, Herminio Medina, ha explicado que la zona era de secano en los años 80 y que inicialmente se planteó regarla con el potencial embalse de Omaña, pero que luego las políticas del momento viraron hacia la solución de una elevación. «No la queríamos entonces», ha apuntado Medina, pues el bombeo supondría costes, pero finalmente se acordó y se firmó «bajo el compromiso de que los regantes no pagarían ni un céntimo». Estos apuntan ahora directamente a Lafuente, ya que aseguran que el cobro que ahora se les impone vendría dictado por ella e incumple un acuerdo de Gobierno de 1995. «Si ese compromiso no tiene validez, ¿por qué lo han mantenido hasta nueve presidentes de la CHD?», ha lanzado el presidente del sindicato. El enfado por esa segunda tasa (ahora marcan que ya pagan el bombeo) se ha expresado así en carteles y consignas, así como pitidos ante cualquier miembro del personal que no fuese la propia presidenta. «No vamos a ceder ni un momento», ha asegurado Medina ante una multitud que le apoyaba. Entre sus quejas están también que el salto de agua «produce 50 millones y nosotros gastamos 23» o que las inversiones en esos regadíos que ahora peligran, afirman, «es lo que ha hecho que queden jóvenes en el pueblo». «Mientras no entiendan esto, tenemos una guerra abierta», ha clamado. «Malvenden la energía que produce el agua y malcompran la que necesita la estación» (por la de Villalobar), han lamentado Roberto San Martín, Pedro Antón o Roberto Fernández, algunos de los manifestantes a pie de edificio, que han cargado contra «una mala gestión» seguida de «un acuerdo roto de forma unilateral». Hace dos años que quieren imponerles el cobro, cuentan, pero es ahora cuando les repercuten los costes, motivo que les ha llevado a movilizarse. «Pensábamos que se podía arreglar de otra manera», justifica otro de los agricultores, Rubén González. Por el momento, en un ambiente tenso y con la puerta flanqueada por Policía Nacional, ha hecho acto de presencia la secretaria general de la institución, Sofía Soto Santos que ha prometido que la presidenta, ausente por una reunión en Madrid, les recibirá a las 18 horas. «Se les va a escuchar», ha calmado, para añadir que se intentará dar con una solución con la que estén conformes «si se encuentra algún instrumento jurídico que lo permita».
