Reajuste sector público: Contraloría y CFA en alerta por recursos para emergencia
La Comisión de Hacienda del Senado busca despachar este lunes la ley de reajuste al sector público. Durante la jornada de hoy expuso la Contraloría General de la República y el Consejo Fiscal Autónomo, dos alocuciones que coincidieron en sus advertencias planteadas en la Cámara Baja: presiones de financiamiento y críticas a las denominadas “normas de amarre”.
La primera en exponer fue la contralora Dorothy Pérez, quien respecto a los recursos reiteró que “la Contraloría no cuenta con la totalidad de la información para poder revisar todas y cada una de las reasignaciones sujetas a reajuste. Esto nos impide validar la proyección de estos gastos”. Eso sí, explicó que esto se está trabajando con la Dirección de Presupuestos.
Un punto relevante, es que la también abogada hizo alusión a los incendios forestales que afectan al sur del país. Se refirió a posibles fuentes de financiamiento identificadas en el Tesoro Público para el reajuste y aseguró que no son exclusivas para este proyecto, por lo que advirtió sobre el uso de los fondos para emergencias.
Comisión de Hacienda discute reajuste al sector público. Contralora General de la República, Dorothy Pérez. Foto: Karin Pozo/ Senado / vía Aton Chile.
“Cuando uno alude a líneas de presupuesto en las cuales uno financia habitualmente emergencias, atendida a la emergencia que estamos viviendo en el sur del país con la cantidad y la magnitud del daño que se ha producido, probablemente se va a requerir utilizar gran parte de esas líneas de emergencia para poder cubrir esa situación, de manera que no estarían esos fondos disponibles para la ley de reajuste, cuestión con la que se contaba según la información que nosotros entendemos”, explicó.
Una prevención que se condice con la de la presidenta del Consejo Fiscal Autónomo (CFA), Paula Benavidez, quien en su exposición volvió a poner sobre la mesa la petición del organismo por esclarecer el financiamiento de la iniciativa. El organismo estima que el costo fiscal del reajuste para 2026 sería de US$1.668 millones, de estos, se indica que US$822 millones deben financiarse con reasignaciones o provisiones.
Benavides lo calificó como “presiones de financiamiento” y un “esfuerzo exigente”. En esa línea, alertó respecto a las provisiones dentro del Tesoro Público de las que se dispone en la ley de reajuste y cuestionó que “la Asignación 275 debe cubrir los gastos aleatorios comprometidos en las leyes permanentes respectivas, incluyendo las cotizaciones previsionales de la reciente reforma, por lo que no son recursos de libre disponibilidad”.
Presidenta del Consejo Fiscal Autónomo, Paula Benavides, durante la Comisión Especial Mixta de Presupuestos. Sebastián Cisternas/Aton Chile.
Por otra parte, en el mismo espíritu de lo planteado por la contralora, la presidenta del CFA enfatizó: “El margen remanente de la Asignación 104 (US$345 millones) debe asegurar disponibilidad para financiar emergencias y otras contingencias”.
Para entender la prevención anterior, el CFA expuso que la Asignación 104 “es utilizada para financiar proyectos de ley con alta probabilidad de aprobación y gasto estimable, como el reajuste del sector público, así como para afrontar imprevistos y emergencias”. Este ítem contempla US$961 millones (0,26% del PIB).
De la Asignación 104, “US$616 millones fueron presupuestados para el financiamiento del reajuste del sector público (PDL en Estudio) y US$345 millones para proyectos de ley en trámite (PDL en Trámite) y otras provisiones variables”.
Comisión de Hacienda discute el reajuste al sector público. Foto: Jonnathan Oyarzun/Aton Chile.
Así, el Consejo Fiscal Autónomo solicitó que se identifique y explicite detalladamente las fuentes adicionales de financiamiento, tanto en reasignaciones como en el uso de las provisiones. Según la presidenta del CFA, en la Cámara la respuesta del Ejecutivo fue que las reasignaciones debían explicitarse cuando asuma el próximo Gobierno, pero insistió en que esta interrogante debe despejarse lo antes posible.
“Cuando se posterga la identificación, el análisis o se demora una aplicación de reasignaciones, nos pasa lo que nos ha ocurrido en años previos, que después es muy difícil lograr cumplir las metas de balance estructural”, alertó Benavides.
“Normas de amarre”
La contralora cuestionó de nuevo las denominadas “normas de amarre”, referidas a renovación de contratas, en los mismos términos que en la Cámara de Diputadas y Diputados. Argumentó que modifican el régimen jurídico de Contraloría, que afectan a la carrera funcionaria, entre otros reparos.
El senador Javier Macaya de la UDI, incluso llamó al Gobierno a cuestionarse si proponer la norma o no. “La sugerencia que le hago al Ejecutivo es que reflexione sobre la reincorporación de las indicaciones en esta materia. Yo entiendo que es parte de un proceso de negociación y conversación con los gremios, quizás los hace estar, de alguna manera, comprometidos con eso, pero me parece que ya conociéndose la decisión que tomó la Cámara de Diputados al respecto, no tiene mayor sentido”, dijo.