¿Reforma energética y revisión del T-MEC ‘pegarán’ a la economía? Inversiones peligran por modelo legal
La reforma energética de 2025 y la revisión del T-MEC implicarán riesgos para la inversión en materia de energía durante este año, advirtió Norma Álvarez Girard, abogada especializada en energía.
Ante la Cámara Nórdica de Comercio en México, la especialista subrayó que la preocupación no se limita al sector eléctrico, sino que abarca a todas las inversiones energéticas, ya que el nuevo modelo regulatorio debe convivir con compromisos internacionales previamente adquiridos por México.
Entre ellos destacan los principios estructurales del T-MEC, como el trato de nación más favorecida y el trato justo y equitativo, que obligan a México a otorgar a la inversión extranjera el mismo trato que a los inversionistas nacionales.
Álvarez Girard recordó que estos compromisos no solo emanan del T-MEC, sino también de otros instrumentos internacionales que suelen quedar fuera del debate público, como el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT), el cual también contiene disposiciones de protección a la inversión tanto en hidrocarburos como en el sector eléctrico.
Advirtió que México no puede asumir compromisos regulatorios que entren en contradicción con obligaciones ya firmadas en otros tratados.
La abogada explicó que, ante cambios regulatorios que alteren las “reglas del juego”, los inversionistas cuentan con mecanismos de defensa como el arbitraje internacional inversionista-estado, o estado-estado, aunque reconoció que se trata de procesos largos; a esto se suma la incertidumbre generada por la reforma judicial en curso.
Además, Mónica Samudio, directora general de ENERGI, coincidió en que el debate no gira en torno a la soberanía energética ni a la propiedad estatal de Pemex y la CFE, sino a la igualdad de condiciones en las reglas de participación.
A su juicio, el mayor foco de atención en la revisión del T-MEC podría recaer en Pemex, en polémica por el suministro de crudo de calidad a Cuba, debido a los impactos diferenciados que las nuevas reglas podrían generar en la empresa productiva del Estado frente a otros actores del mercado.