La confianza digital no es un decreto sino una construcción
Departamento de Estudios en Ingeniería para la Innovación. Universidad Iberoamericana Ciudad de México.
La vida cotidiana en México depende cada vez más de entornos digitales. Trámites, pagos, comunicaciones y acceso a información se realizan mediante sistemas que procesan datos personales de forma constante. Sin embargo, este crecimiento no ha venido acompañado de un aumento equivalente en la confianza ciudadana. El propio IFT ha documentado la existencia de una brecha de confianza en el uso de internet y los servicios digitales, asociada a preocupaciones sobre fraude, privacidad y uso indebido de la información personal.
Esta desconfianza no es un problema técnico aislado. La confianza digital es una condición social: implica que las personas comprendan qué ocurre con sus datos, quién los utiliza y bajo qué reglas. Cuando esta comprensión no existe, la reacción natural es la cautela o el rechazo. En ese sentido, la desconfianza no es irracional, sino una respuesta coherente a la opacidad y a la experiencia acumulada de abusos en el entorno digital.
El problema se intensifica en el contexto informativo actual. En México, el consumo de noticias se ha desplazado de manera significativa hacia plataformas digitales y redes sociales. El Digital News Report 2025 documenta que 63% de la población mexicana utiliza redes sociales como una de sus principales fuentes de información, una proporción superior a la observada en medios tradicionales. Este patrón de consumo ocurre en entornos caracterizados por una circulación acelerada de contenidos, donde los mecanismos formales de verificación son limitados o inexistentes y la visibilidad de los mensajes depende, en gran medida, de su capacidad para generar reacción emocional. Esta dinámica dificulta que los usuarios distingan entre comunicaciones legítimas y mensajes diseñados deliberadamente para manipular su percepción o inducir decisiones apresuradas.
Desde la perspectiva de la ciberseguridad, este fenómeno está ampliamente documentado. A nivel internacional, el Internet Crime Report 2024 del FBI identifica al phishing y la suplantación de identidad como la categoría con mayor número de quejas registradas, confirmando que el daño suele iniciar con engaño y no con la explotación directa de vulnerabilidades técnicas. De forma consistente, el ENISA Threat Landscape 2024 señala a la ingeniería social como una amenaza persistente y recurrente, particularmente en su función como vector inicial de incidentes de fraude y acceso no autorizado.
Este patrón también se observa con claridad en México. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) ha advertido de manera reiterada que las modalidades de fraude digital más frecuentes involucran suplantación de identidad, mensajes engañosos y solicitudes falsas de autorización o información, difundidas mediante correo electrónico, mensajes de texto y aplicaciones de mensajería. En la misma línea, la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) del INEGI documenta que una proporción relevante de usuarios de internet ha experimentado incidentes de seguridad asociados con mensajes fraudulentos, cargos no reconocidos o robo de información personal. Estos datos confirman que, en el contexto mexicano, el riesgo digital se origina de manera sistemática en la inducción al error del usuario, más que en ataques técnicos complejos.
Este diagnóstico ha sido confirmado por investigación académica reciente desarrollada por equipos del Departamento de Estudios en Ingeniería para la Innovación y la Coordinación de Ciencia de Datos de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. El análisis empírico de correos electrónicos fraudulentos en español muestra que los mensajes de suplantación emplean de forma recurrente patrones psicológicos de persuasión, como la apelación a la autoridad institucional, la creación de escenarios de urgencia y la simulación de legitimidad. La evidencia indica que la eficacia del fraude digital descansa, principalmente, en la explotación de procesos cognitivos y conductuales del usuario.
Ante este panorama, la respuesta no puede limitarse a soluciones técnicas ni a campañas aisladas. La construcción de confianza digital requiere educación, transparencia y corresponsabilidad institucional. En este sentido, la Universidad Iberoamericana ha asumido un compromiso activo mediante proyectos de investigación aplicada sobre fraude y desinformación, la incorporación de contenidos de ciberseguridad y derechos digitales en programas de educación media superior y superior, y actividades de formación dirigidas a estudiantes y docentes. Estas acciones parten de una premisa clara: sin capacidades críticas para identificar el engaño y proteger la información personal, la digitalización corre el riesgo de profundizar la exclusión en lugar de reducirla.
Recuperar la confianza digital en México no es un problema de software. Es un reto de formación ciudadana, responsabilidad institucional y diseño ético del entorno digital.