Wilfredo Lozano plantea reforma institucional para manejar la crisis migratoria
Este artículo fue publicado originalmente en El Día.
Santo Domingo. – El director del Instituto Nacional de Migración de la República Dominicana (INM RD), Wilfredo Lozano, reconoció que el manejo migratorio del país ha presentado avances, pero considera necesario implementar una reforma institucional integral que abarque leyes y reglamentos, a fin de lograr una gestión más efectiva.
Entre las propuestas presentadas por el funcionario figura la reactivación del Consejo Nacional de Migración, órgano clave para el diseño y coordinación de la política migratoria, el cual, según las declaraciones de Lozano, actualmente está inactivo.
También considera que se necesita una política que garantice la participación no solo de los miembros del Ejército de la República, sino también de los habitantes de la zona fronteriza.
“Es importante generar una política sistemática que modernice los mercados laborales, genere propuestas reglamentarias o de ley en virtud de lo cual organicemos los flujos de migración, documentamos a los inmigrantes, y otorgamos permisos. En fin, modernizar la lógica laboral de contrato”, enfatizó.
En ese contexto, Lozano recordó el Programa Nacional de Regularización de Extranjero, el cual valoró por sus objetivos y sus resultados iniciales, aunque afirmó que fue impulsado por el Tribunal Constitucional con un “motivo pérfido”, es decir, desleal e infiel a sus propósitos.
“El programa después de dos años de éxito fracasó. Pero lo que tenemos que sacar como lección, es que el hecho de que eso ocurriera no quiere decir que el Estado está exento de las exigencias que le da la ley, de documentar y regular a sus inmigrantes”, indicó.
El también sociólogo explicó que la falta de ordenamiento migratorio pueden generar múltiples consecuencias para el país, como la ausencia de control en los ingresos extranjeros, la inexistencia de una política de contrato justo para los migrantes, la limitación de su acceso a derechos sociales y la falta de cumplimiento, por parte del sector empresarial, de las normas del mercado laboral en materia de contratación.
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