El Parlamento Europeo ha aprobado por un estrecho margen (334 votos frente a 324) la remisión del acuerdo comercial entre la UE y Mercosur al Tribunal de Justicia de la UE. Esta maniobra parlamentaria no detiene el pacto, pero lo congela durante al menos dos años, lo que supone una bofetada directa a la Comisión Europea y, en particular, a Ursula von der Leyen, que ha hecho del tratado una prioridad estratégica. El enfrentamiento institucional es inédito: mientras la Comisión busca la entrada acelerada en vigor del acuerdo, el Parlamento ha cuestionado su base legal y ha expuesto una profunda fractura entre los grupos políticos y los intereses nacionales. La votación ha unido a extremos ideológicos que coinciden en su oposición a un tratado defendido por Bruselas como escudo comercial frente al aislacionismo de Trump. La decisión ralentiza la diversificación económica europea, y envía una señal de inseguridad jurídica y de debilidad justo cuando más necesita proyectar fortaleza.