El funcionario de prisiones estuvo 20 minutos en la calle desangrándose sin que nadie le atendiera
El funcionario de prisiones José Ramón Domínguez estuvo desangrándose durante 20 minutos tirado en la calle, sin que nadie le atendiera, tras recibir dos disparos por la espalda que le hicieron dos pistoleros de ETA. Hasta que pasaron dos niños de 10 años que iban al colegio y dieron aviso. Ocurrió en el barrio de Martutene de San Sebastián un 22 de enero de 1993. Al escuchar las detonaciones, algunos vecinos se asomaron a la calle, pero debido a la oscuridad reinante a esa hora y al obstáculo visual de los coches aparcados, no llegaron a detectar la presencia en la acera del cuerpo de la víctima. Nadie bajó a la calle. Cuando ingresó en el hospital e la Cruz Roja de San Sebastián, el funcionario ya había fallecido.
Como hacía habitualmente, pocos minutos después de las 8:00 horas e Domínguez Burillo salió del portal de su domicilio, situado en el barrio de Martutene, para dirigirse a su puesto de trabajo en la prisión donostiarra. Los etarras José María Iguerategui Gillisagasti y Juan Antonio Olarra Guridi, que le aguardaban en la calle, se acercaron por la espalda y uno de ellos le disparó dos tiros que le alcanzaron el cuello y la cabeza.
José Ramón Domínguez Burillo tenía treinta y cinco años, era natural de Burgos y estaba soltero. Licenciado en Psicología, ejercía su especialidad en la cárcel de Martutene (San Sebastián), donde trabajaba desde 1985. Desde 1990 desempeñaba tareas de educador y animador cultural en ese centro penitenciario.
Al funeral por el alma de José Ramón Domínguez, celebrado en la parroquia burgalesa de la Sagrada Familia, asistieron numerosas autoridades del Gobierno central, de los Ejecutivos autonómicos de Castilla y León y del País Vasco, y del Ayuntamiento de Burgos. Entre ellas, estuvo presente el ministro de Justicia, Tomás de la Quadra-Salcedo. Unas tres mil personas despidieron en ese templo a la víctima. Después de la misa funeral, sus restos mortales fueron inhumados en el cementerio burgalés de San José.
Al día siguiente del atentado se convocó un paro de cinco minutos en todos los centros penitenciarios de España que fue secundado masivamente por funcionarios y presos. En la cárcel de Martutene se unieron a la protesta varios reclusos de ETA.
En la fecha del asesinato del funcionario, Martutene alojaba a veintidós miembros de ETA que en su mayoría eran partidarios de la reinserción social y que disfrutaban por esa razón de diferentes grados de reclusión atenuada. De hecho, el atentado fue interpretado en diversos medios como un ataque de ETA contra la reinserción de sus militantes encarcelados.
En 2007 la sección 1.ª de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional estableció en una sentencia que fueron Iguerategui y Olarra los asesinos del funcionario. El fallo judicial afirmaba que carecía de relevancia quién de los dos hubiera realizado los disparos “porque el hecho responde a un acuerdo previo, a una acción planificada y a un reparto de papeles”. Esta resolución de la Audiencia Nacional condenó a Olarra Guridi a 28 años de reclusión y a pagar a los herederos del finado una suma de 300.000 euros. Iguerategui Gillisagasti nunca pudo ser juzgado, ya que murió en marzo de 1994 tras explotarle por las calles de Vitoria una bomba que portaba en una mochila. (Con información de Vidas Rotas).