«Yo también soy adúltera»

«Yo también soy adúltera», gritaban las mujeres que marchaban por las calles de Madrid. Era una manifestación no autorizada por el gobierno de la capital. La prohibición no detuvo a las organizaciones feministas. Era el 15 de enero de 1976. Las mujeres se reunieron en la madrileña calle de Goya a las siete de la tarde. Las autoridades dijeron que eran unas mil, pero las convocantes contaron cuatro veces más. El lema de la marcha era «Pro derechos de la mujer». Las pancartas reclamaban igualdad ante la ley. El detonante fue la sentencia a dos mujeres acusadas de adulterio.

La cama podía ser testigo de un delito, aunque de forma distinta según quién lo cometiera. El artículo 449 del Código Penal de 1944 establecía que la mujer que yaciera con un hombre que no fuera su marido podía ser denunciada por éste, con penas de seis meses a seis años de prisión. El hombre engañado tenía otra salida más violenta. Si pillaba a su esposa con el mancebo en plena coyunda y decidía hacer «justicia» por su propia mano cometía «uxoricidio». Si los mataba o causaba lesiones graves, la pena era el destierro. Si solo los golpeaba sin grandes consecuencias, «quedará exento de pena». Esto fue así hasta 1963, aunque el adulterio de las casadas siguió siendo un delito, tanto como el amancebamiento de los varones casados. En los hombres no era infidelidad para el Código Penal, y exigía convivencia estable y pública con la amante. En el caso de las mujeres se castigaba la deshonra, y en el de los hombres, el escándalo social.

Las mujeres penadas por adulterio llevaban para siempre el estigma. Celia C. fue condenada en un pueblo de Galicia. Contó a la prensa que sintió el repudio de sus vecinos, como en «La letra escarlata», pero que alguna persona, en privado, le había manifestado su apoyo. Los esposos utilizaban frecuentemente la sentencia que señalaba como adúltera a su mujer para quitarle la custodia de los hijos menores. Eran acusadas de «inmorales» y, por tanto, de ser un mal ejemplo para los hijos. Esta pena era mucho más dura que la cárcel o la multa económica porque eran separadas de lo que más querían, y también los pequeños eran castigados sin ver a su madre. El Tribunal Tutelar de Menores sentenciaba que esas mujeres eran «inmorales» y «adúlteras», y arrastraban el señalamiento en su barrio o pueblo.

A estas desigualdades legales se unían muchas otras, por lo que las feministas celebraron las Primeras Jornadas por la Liberación de la Mujer entre el 6 y 8 de diciembre de 1975, tras la muerte de Franco. El lugar de la reunión fue el colegio de monjas franciscanas Montpellier, en el barrio de la Concepción de Madrid, y que todavía existe. El acto fue clandestino, y acudieron unas 500 personas de toda España. Muchas de ellas estaban vinculadas a la política, especialmente a grupos democristianos y comunistas. No estaban de acuerdo en muchas cosas, pero sí en exigir la derogación de las leyes discriminatorias y en el acceso a los anticonceptivos.

«¡Únete!»

Era cuestión de tiempo que hicieran presencia pública en las calles de las grandes ciudades. Esperaban un detonante, que fue la sentencia condenatoria a dos mujeres adúlteras en enero de 1976. El Secretariado de Organizaciones No Gubernamentales de Madrid convocó una manifestación. El objetivo, además de la propaganda y la visibilización, era entregar una carta al presidente del Gobierno, Arias Navarro. El escrito recogía las demandas de igualdad legal que se habían acordado en la reunión de diciembre anterior. El lema fue: «Mujer, lucha por tu liberación. ¡Únete!». Su intención era llegar a la plaza de Colón y de ahí a la Castellana 3, donde estaba la sede de la presidencia.

Las cargas policiales aparecieron muy pronto. A las primeras demandas de disolución les siguieron los empujones y los porrazos. Las mujeres corrieron y se reagruparon, lo que hizo que las fuerzas del orden usaran gases lacrimógenos. Aquello fue una distracción para la contención policial porque tres feministas consiguieron llegar a la puerta del edificio del Paseo de la Castellana. Llevaban la carta para Arias Navarro. Sabían que era inútil, pero el gesto era lo que importaba. Al oír sus intenciones, la policía de la entrada les dijo que volvieran por donde habían venido. Mientras, a lo lejos, se oía el griterío por la represión de la manifestación. A los pocos días, el secretario del presidente del Gobierno recibió una carta certificada. Era el manifiestoreivindicativo firmado por las representantes de las asociaciones. Debió archivarlo en la «P» de «Papelera».