El juez de la Audiencia Nacional ( AN ) Antonio Piña ha propuesto juzgar a 22 personas por haber defraudado presuntamente más de 70 millones de euros en el pago del IVA de los hidrocarburos en los ejercicios 2016 y 2017 a través de la empresa SKT Oil. Entre ellos, se encuentra Claudio Rivas , empresario y socio del presunto conseguidor del 'caso Koldo', Víctor de Aldama. Así lo acuerda el titular de la Plaza 6 del Tribunal Central de Instancia en un auto, en el que aprecia presuntos delitos contra la Hacienda Pública entre 2016 y 2018, falsedad de documento mercantil, blanqueo de capitales y constitución, dirección e integración en organización criminal. El magistrado relata que SKT Oil es «un operador petrolífero cuya actividad consiste en la adquisición de hidrocarburos y su posterior venta a consumidores finales» y cuyas adquisiciones se realizan «dentro de depósitos fiscales, en régimen suspensivo de Impuestos Especiales y, paralelamente, exentas del IVA ». En este sentido, Piña explica que, cuando la empresa vende un producto exento de IVA, debe repercutirlo a sus clientes . «Al presentar las autoliquidaciones por este impuesto, la cuota a ingresar se aproxima mucho a la cuota devengada en sus ventas», afirma. En el caso de SKT Oil, el magistrado manifiesta que ha incrementado «ficticiamente» la cuota de IVA deducible y se ha procurado «a menudo un soporte documental consistente en facturas emitidas por empresas inactivas, inexistentes, o por empresas que hacen de esta operativa su actividad ordinaria». La trama organizada presuntamente defraudó a través de SKT OIL una cuota de 13,8 millones de euros en el año 2016, 35,2 en 2017 y 14,6 en 2018, de acuerdo con el magistrado. En el caso de OWTRA OIL, fueron 7,2 millones en el ejercicio 2018 de euros de la cuota del IVA. Para canalizar los beneficios obtenidos de la actividad defraudatoria y reintegrarlos en el circuito económico, explica el auto, se adquirieron diversos inmuebles , entre ellos, una vivienda y una finca en Valdemoro (Madrid), seis apartamentos en Benidorm (Alicante), un local comercial en Madrid comprado por 1,6 millones de euros y un edificio de 45 viviendas adquirido en 2018 por 1,6 millones y vendido en 2022 por 2,7 millones. En el caso de Claudio Rivas, el magistrado propone juzgarlo por defraudación tributaria a través de la mercantil SKT Oil , en concurso con falsedad de documento mercantil de los ejercicios 2017 y 2018, y también por delito de integración en organización criminal. El magistrado instructor propone, además, que en el juicio se declare responsables civiles subsidiarios a un total de 16 mercantiles y como partícipes a título lucrativos a cinco personas físicas. Cabe recordar que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil señaló a Rivas y a De Aldama como presuntos cabecillas de otra supuesta trama de hidrocarburos que también se investiga en la Audiencia Nacional. Los acusados supuestamente consiguieron infiltrarse en la cúpula del Ministerio de Transportes de José Luis Ábalos, de Industria, Comercio y Turismo, entonces a cargo de Reyes Maroto, y del de Transición Ecológica y Reto Demográfico, con Teresa Ribera a la cabeza, según un informe al que tuvo acceso Europa Press. En su informe, la UCO describe « una organización criminal especializada en la comisión de delitos contra la Hacienda Pública en el sector estratégico de los hidrocarburos, que operaba a través de una estructura societaria encabezada por la operadora Villafuel -de la que Rivas es dueño- y otras vinculadas al sector».
