Una estafa bancaria vacía una cuenta y abre un frente judicial
El fraude digital vuelve a situarse en el centro del debate jurídico y bancario tras el caso de una clienta que perdió 28.350 euros después de recibir un SMS que simulaba proceder de su entidad financiera. La afectada, asociada de la organización de consumidores Consumur, ha visto cómo su reclamación era desestimada por el banco, lo que ha llevado a la asociación a preparar una demanda judicial.
Los hechos se produjeron a finales de noviembre de 2025, cuando la víctima recibió en su teléfono móvil un mensaje que aparentaba ser una alerta de seguridad de ING. El texto incluía un código de verificación y advertía de una transferencia sospechosa, ofreciendo un número de contacto para cancelarla. Ese fue el punto de partida del engaño.
Un engaño basado en la confianza
Al llamar al número indicado, la mujer fue atendida por una persona que se presentó como miembro del departamento de seguridad del banco. El interlocutor confirmó la supuesta operación fraudulenta y la guió paso a paso para “proteger” sus cuentas. En realidad, estaba siendo dirigida a realizar transferencias a cuentas controladas por los estafadores.
Siguiendo esas indicaciones, la afectada efectuó cinco transferencias consecutivas hasta alcanzar un total de 28.350 euros. En ningún momento fue consciente de que estaba autorizando el vaciado de sus propios ahorros, convencida de que actuaba bajo supervisión bancaria.
La señal de alerta que detuvo la estafa
El fraude solo se interrumpió cuando una de las transferencias falló y el supuesto agente preguntó si disponía de otras cuentas bancarias. Al comentar que necesitaba consultar con su marido, este advirtió la situación y cortó la comunicación. En ese momento, la víctima comprendió que había sido engañada.
Según relató posteriormente, los estafadores llegaron incluso a proferir amenazas veladas, insinuando robos en su domicilio si no continuaba con las transferencias. Este tipo de presión psicológica es habitual en estafas de alta intensidad.
Smishing: una técnica en expansión
El método empleado se conoce como smishing, una modalidad de fraude que combina mensajes SMS y llamadas telefónicas para suplantar a entidades legítimas. El objetivo es obtener acceso a datos sensibles o provocar que la propia víctima autorice operaciones bancarias.
Desde la Policía Nacional se alerta de que este tipo de estafas se ha multiplicado en los últimos años, aprovechando la confianza de los usuarios en los sistemas de seguridad bancaria y en los mensajes automáticos.
La respuesta del banco, en el punto de mira
Tras descubrir el fraude, la afectada contactó de inmediato con su entidad para bloquear las transferencias y presentó una denuncia ante la Policía Nacional. Sin embargo, el banco rechazó asumir responsabilidad alguna, argumentando que las operaciones fueron autorizadas conscientemente por la clienta.
Consumur cuestiona esta postura y subraya que la entidad tardó tres días en actuar una vez tuvo conocimiento del fraude. Para la asociación, ese retraso es clave en la imposibilidad de recuperar el dinero transferido.
El respaldo de la jurisprudencia
La organización de consumidores sostiene que los usuarios están legalmente protegidos frente a fraudes digitales cuando no existe un consentimiento válido e informado. En este sentido, cita la sentencia del Tribunal Supremo 571/2025, de 9 de abril, que refuerza la obligación de diligencia de las entidades bancarias y cuestiona cláusulas que trasladan toda la responsabilidad al cliente.
Según esta doctrina, la mera introducción de claves o la validación de operaciones no implica necesariamente consentimiento si ha mediado engaño o manipulación. Un criterio que puede resultar determinante en el proceso judicial que ahora se prepara.
Un caso que puede marcar precedente
El equipo jurídico de Consumur trabaja ya en la demanda para defender los derechos de la afectada y reclamar la devolución de las cantidades sustraídas. La asociación considera que este caso refleja una problemática estructural en la gestión de fraudes por parte de algunas entidades financieras.
Desde la organización se anima a otros consumidores que hayan sufrido situaciones similares a reclamar y denunciar, recordando que existen vías legales y respaldo jurisprudencial para exigir responsabilidades. El avance de estas estafas convierte la prevención y la respuesta bancaria en un asunto de interés público.