Sánchez «se equivoca» al negar que Aragón también vote en clave nacional
Y a está oficialmente en marcha la campaña en Aragón. Y hace tiempo que Pedro Sánchez Pérez-Castejón, de 53 años, da síntomas de vivir en una realidad paralela. El presidente del Gobierno no es inmune al síndrome de la Moncloa, un mal que aqueja a todo aquel que ostenta el poder durante un tiempo prolongado. Hace apenas unos días, insistía en una entrevista en que la derecha política y mediática incurre en un «error» al sacar conclusiones nacionales de los resultados de las elecciones autonómicas. Como si las urnas regionales hablaran en voz baja, ajenas al ruido de Madrid. Pero basta echar un vistazo a los manuales de ciencia política para darse cuenta de que el presidente se equivoca. O miente deliberadamente.
Este tipo de comicios tienen una clave nacional evidente, por más que incomode al Gobierno. Lo saben los politólogos, lo confirman los sociólogos y, lo que resulta más revelador, lo asume el propio PSOE puertas adentro. Casi nadie en el partido compra el análisis presidencial. En privado, los dirigentes socialistas admiten que el tortazo que recibieron en Extremadura el 21 de diciembre no se explica sin los meses de desgaste acumulado: corrupción, acoso sexual y sospechas sobre la financiación. Una mancha difícil de borrar de la papeleta. La ciencia política lleva décadas estudiando hasta qué punto las elecciones autonómicas se votan pensando en asuntos nacionales y la conclusión es incómoda para Moncloa: el voto regional rara vez es solo regional. Los trabajos de los académicos Ignacio Lago y José Ramón Montero coinciden en una idea central: las autonómicas funcionan, en parte, como un plebiscito indirecto sobre la política nacional. No siempre, no en todas partes, pero sí con la regularidad suficiente como para convertirse en un patrón.
Los datos del CIS apuntalan esa idea. Cuando se pregunta a los ciudadanos por qué votan lo que votan en unas autonómicas, la evaluación del Gobierno central aparece de forma recurrente entre los factores decisivos. A menudo pesa más que la gestión del Ejecutivo regional de turno. En términos académicos, España encaja bastante bien en la teoría de las elecciones de segundo orden: esas que los ciudadanos aprovechan para castigar o premiar al poder central sin asumir el coste de cambiar el Gobierno del país.
El mapa, eso sí, no es homogéneo. En comunidades con una identidad política fuerte –Cataluña, País Vasco y, con matices, Galicia– el voto autonómico conserva su propia lógica. Ahí sí pesan los liderazgos regionales, el autogobierno y las divisiones identitarias que amortiguan la influencia de Madrid. Los estudios muestran que cuanto más definido está el eje territorial, menor es la «nacionalización» del voto. Aunque ni siquiera esos territorios son impermeables cuando la polarización está disparada. «Cuanto más separados están los comicios, más pesan los factores locales y el candidato, y más baja es la participación. Pero no podemos medir exactamente cuánto pesa lo nacional frente a lo autonómico porque los ciudadanos piensan en todo a la vez», explica el politólogo Pablo Simón.
En el resto del país, especialmente allí donde no existe una identidad muy marcada y se impone el sentimiento de españolidad, el fenómeno es más crudo. Y las elecciones autonómicas se convierten en una especie de termómetro nacional adelantado. Los presidentes autonómicos gobiernan, sí, pero los ciudadanos votan también pensando en el presidente del Gobierno o en el líder de la oposición. La evaluación del hospital, la escuela o la carretera pesa, pero puede quedar eclipsada por la agenda nacional. «Generalmente, cuando hay elecciones regionales, los españoles votan en clave autonómica, pero cada vez está mandando más lo nacional.
El hundimiento acelerado de la izquierda en autonómicas y europeas «no es porque sus candidatos y programas sean ahora muy malos sino por la contaminación nacional», explica el sociólogo Narciso Michavila. Este proceso se ha intensificado desde 2015. Desde entonces, la fragmentación total del sistema de partidos, la aparición de nuevas formaciones y la creciente polarización han acelerado la nacionalización del conflicto político.
Las campañas autonómicas se llenan de eslóganes diseñados en Madrid, los líderes nacionales colonizan los mítines y los debates autonómicos se subordinan a la estrategia general, planificada en los despachos de las sedes centrales de los partidos. Con la tensión política por las nubes, el elector termina simplificando. Un voto no deja de ser una opinión sobre miles de asuntos, pero en contextos de polarización esa complejidad se reduce a una sola pregunta emocional y directa: ¿estoy a favor o en contra de quien gobierna España? La polarización actúa, así, como un imán.
Reduce los matices, empuja a los votantes a hacer atajos cognitivos y les coloca en un eje binario: Gobierno u oposición.
Es ahí cuando la figura de Sánchez emerge como pieza clave. En el PSOE reconocen que «polariza». Su nombre activa adhesiones y rechazos viscerales. Por eso, cunde el nerviosismo entre los dirigentes socialistas que se juegan el poder territorial en Aragón, Castilla y León y Andalucía. El resultado es una paradoja. España es uno de los países más descentralizados de Europa en términos de gestión de competencias, pero uno de los más centralizados en términos de comportamiento electoral.
Las comunidades autónomas gestionan la sanidad, la educación y los servicios sociales, pero los ciudadanos votan sin dejar de mirar al Congreso. Por eso, una noche electoral en una comunidad cualquiera se interpreta como un aviso a Moncloa o como un balón de oxígeno para el Gobierno en función del resultado. No se trata solo de un marco periodístico interesado, como insiste el presidente del Gobierno y el resto de sus secuaces en el Palacio de la Moncloa. Es, en gran medida, la traducción mediática de una realidad estudiada, medida y reiterada por la Academia: en España, las elecciones autonómicas hablan de los territorios, sí, pero casi siempre hablan también –a veces, sobre todo– de cómo funciona el poder en Madrid. Por eso, en el PSOE solo esperan, como lamentó el expresidente extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra, que les partan la cara. Toca resistir.
La crisis ferroviaria trastoca al PSOE
Si había un plan trazado en Moncloa para contrarrestar al PP en las campañas autonómicas, saltó por los aires el domingo pasado. El accidente de tren de Adamuz, el primero en la historia de la red de Alta Velocidad, ha destapado una crisis sin precedentes. El Gobierno siempre se esforzó en exhibir buena gestión y en dejar muy claros los límites de la responsabilidad en la prestación de servicios. Así lo demostró en cada catástrofe, cuando la competencia era autonómica. Ocurrió con la dana y con la oleada de incendios que calcinó media España el verano pasado. Pero los problemas de infraestructura ferroviaria trastocan al PSOE. Los socialistas se han quedado sin la baza de buena gestión precisamente porque esta materia compete directamente al Ejecutivo central. En el PP comienzan a subir los decibelios de la crítica al ministro del ramo, el vallisoletano Óscar Puente. La sensación de caos es difícil de contrarrestar. En el Gobierno admiten que cuando el ciudadano se encuentra con un problema que trastoca su vida, es casi imposible que no se gire para señalar al culpable. Por eso, los estrategas socialistas tienen difícil recuperar la imagen y la credibilidad en este ciclo electoral autonómico que está a punto de seguir en Aragón.