Profesionales en alerta, aliados con el ciudadano
Acceder a la justicia es un derecho fundamental regulado en el art 24 de la Constitución Española, la cuestión es ¿entonces es necesario judicializar el conflicto para obtener justicia? Ciertamente no. Los medios adecuados de solución de controversias, los MASC que nos ha traído la LO 1/2025 como requisito de procedibilidad, se asientan con fuerza con la consideración de que la tutela puede obtenerse también fuera de los Tribunales, siempre que los ciudadanos consigan acuerdos. Y si no es así, tienen después el acceso a los Jueces.
Ya en el corazón de la justicia, entendiéndola como “dar a cada uno lo suyo” y en el escenario de una sociedad moderna, nos debemos preguntar ¿Quién está obligado a garantizar esta tutela al ciudadano?, la respuesta es clara, el Gobierno, la Administración, el Estado y lo cierto es que el sentimiento es que la carga se transmite a los operadores jurídicos, al profesional.
Con motivo del Dia Internacional de la Salud laboral se publicó artículo https://www.eldiariodemadrid.es/articulo/sociedad/jueces-juezas-denuncian-sobrecarga-laboral/20250430142838098553.html en el que se ponía de manifiesto un número de pleitos que no deja de crecer, cargas de trabajo inasumibles, y una ley de eficiencia que en cuanto a su título I, dejaba muchas dudas.
Del mismo modo encontramos otras estadísticas referidas a sobrecarga de trabajo para los funcionarios de justicia, que podemos ampliar en https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones.
¿y los profesionales como lo vivimos? La abogacía y la procura, fiel a nuestros principios, seguimos en el corazón del conflicto, de la mano del ciudadano, siendo su defensor y su representante.
Alertados ante las novedades estructurales que han supuesto sustituir los juzgados unipersonales por Tribunales de instancia. La idea no es mala, busca una justicia coordinada, especializada, y además flexible, teniendo en cuenta las necesidades de los distintos órganos judiciales. Y sin embargo escuchamos voces como la de María Jesús del Barco, presidenta de la Asociación Nacional de la Magistratura https://www.abogacia.es/actualidad/opinion-y-analisis/la-dudosa-eficiencia-de-la-lo1-2025/, que lo ha calificado como la mayor transformación desde la LOPJ de 1985, que no va acompañada de estructura ni incentivos y nos habla de fracaso asegurado.
La semana pasada pudo pasar algo así: Un cliente pide que se gestione su caso que necesita respuesta urgente, la abogada habla con la procuradora, la procuradora se persona en “el juzgado” que ahora no se llama así, y le dicen en la planta primera, tras revisar una “chuleta” que el asunto está en la plaza X, tres plantas más arriba. Al subir y hablar con quien le habían comentado, esta responde, revisando sus notas, que no lo lleva, que es de la “plaza XX” que está una planta más arriba. Al subir la procuradora, se encuentra con alguien gritando, porque todo el mundo le pregunta y no es suyo.
Vimos a un procurador salir llorando de una “plaza”. Al final quien tiene que dar cuenta de lo que pasa al cliente es el profesional.
Y si la confianza está en los MASC, en los que muchos creemos fervientemente, pues el profesional invierte, se prepara, se reinventa y fiel a su compromiso, ofrece una nueva via al ciudadano y cuando estamos trabajando en ello, con resultados positivos, nos vuelven a intentar cambiar la norma. Una PNL que no deja tiempo para validar resultados, y que no entendemos a que intereses responde.
El profesional si es eficiente, lo ha demostrado siempre. Estamos siempre preparados para avanzar porque al final contar al cliente que esto no funciona es duro, y ofrecer nuevas alternativas es la propuesta viable. Solo que nuestro entusiasmo se empaña con la falta de reconocimiento, la falta de incentivos, y una retribución inadecuada cuando hablamos de Justicia gratuita.
Por Rocío Sampere, procuradora, mediadora.