USAC abre convocatoria para abogados que busquen llegar a la CC

La Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) publicó la convocatoria para elegir a su magistrado titular y suplente ante la Corte de Constitucionalidad (CC). El proceso avanza con tiempos ajustados y una larga lista de requisitos. La rapidez del calendario ya genera inquietudes.

Por qué importa. La convocatoria del Consejo Superior Universitario define una pieza clave del sistema constitucional. La CC revisa leyes, pone límites al poder y protege derechos. En este contexto, no solo importan los nombres, sino también cómo y cuándo se eligen. La USAC asume una decisión con efectos nacionales y un alto costo político.

• La designación influye en fallos sobre propiedad privada, inversión y controles al Estado. Un proceso bien llevado fortalece la confianza y la certeza jurídica. Uno débil abre la puerta a impugnaciones y choques entre instituciones.
• Los plazos cortos reducen el debate público. Por eso, la transparencia resulta esencial para evitar presiones o acuerdos opacos. La universidad debe demostrar que elige por méritos, capacidad y honorabilidad.
• El período actual vence el 13 de abril de 2026. La instalación de la nueva CC depende del respeto a los plazos constitucionales. Cualquier atraso afecta la gobernabilidad y el control del poder.

Datos clave. El CSU aprobó la convocatoria el 26 de enero de 2026. Definió fechas, lugar y reglas para presentar expedientes. Cada candidato debe entregar el expediente completo. El proceso concluye con una sesión extraordinaria de votación.

• La recepción de documentos será el jueves 5 y viernes 6 de febrero, de 8:00 a 15:00 horas. La entrega debe hacerse en persona, en la Secretaría General, edificio de Rectoría, oficina 204, zona 12.
• La elección se realizará el lunes 16 de febrero de 2026. El cargo será por cinco años. El CSU designará al magistrado titular y al suplente al mismo tiempo.
• El formulario oficial se habilita tras la publicación de la convocatoria. Debe imprimirse en una sola hoja. El aspirante debe indicar si postula a titular, suplente o ambos, en un solo expediente.

Lo indispensable. Los requisitos buscan asegurar experiencia y probidad. La lista es extensa y exige documentos recientes. La USAC apuesta por cumplir la ley, aunque la carga administrativa eleva el nivel de exigencia para los aspirantes.

• Entre los requisitos figuran: ser guatemalteco de origen, abogado colegiado activo, tener reconocida honorabilidad y al menos quince años de ejercicio profesional. Se valora la experiencia en docencia universitaria.
• También se exige DPI legalizado, certificación de nacimiento, constancias de antecedentes, colegiado activo, certificación del TSE y del Tribunal de Honor del CANG.
• Además, el aspirante debe presentar una declaración jurada de no impedimentos, constancia de la Contraloría General de Cuentas y certificación de tiempo de ejercicio profesional. Los documentos no deben superar seis meses de emisión.

Voces. El proceso ya genera reacciones. Organizaciones civiles cuestionan la velocidad y la falta de mayor apertura. La USAC responde que actúa conforme a la ley. El Congreso recibirá los nombres dentro del plazo constitucional.

• Movimiento ProJusticia advirtió sobre la rapidez del proceso y posibles riesgos de opacidad. “Todo es de manera apresurada”, afirmó.
• Desde la universidad, el CSU sostiene que cumple la Constitución y la Ley de Amparo. Afirma que prioriza méritos, capacidad y honorabilidad, como ordena el artículo 113 constitucional.
• Tras la designación, la USAC deberá trasladar los nombres al Congreso dentro de los sesenta días siguientes a su instalación. El respeto a los tiempos será clave para evitar conflictos legales.

En conclusión. La convocatoria de la USAC cumple la ley, pero deja preguntas abiertas. Avanza rápido y reduce espacios de discusión pública. La elección pondrá a prueba la autonomía universitaria y su compromiso con la transparencia.

• Las reglas son claras, pero el calendario corto limita la fiscalización ciudadana. Eso pesa en una decisión con alto impacto político y jurídico.
• Los requisitos elevan el nivel técnico y ético, aunque también cierran el margen de competencia. La experiencia pesa más que la diversidad de perfiles.
• El resultado marcará la relación entre universidad, Congreso y Corte. Una designación sólida fortalece la independencia judicial. Una elección cuestionada debilita la confianza en el sistema constitucional.