Familiares de tres criminales mexicanos entregados a EU denuncian al Gobierno por traición a la Patria
Familiares de tres de las 92 personas privadas de la libertad que fueron enviadas, entre febrero de 2025 y enero de 2026, ante la justicia de Estados Unidos denunciaron penalmente a la presidenta Claudia Sheinbaum y demás integrantes del Consejo de Seguridad Nacional, por el delito de traición a la patria y coalición de servidores públicos.
“Lo que está ocurriendo en México es sumamente grave porque ya van 92 personas desterradas y en cualquier momento puede ser cualquier otro mexicano que incomode al gobierno”, dijeron este lunes los familiares y abogados, en conferencia de prensa
Los afectados mostraron la denuncia penal presentada hoy ante la Fiscalía General de la República (FGR) en la que evidenciaron que el traslado de sus familiares se realizó sin que existiera procedimiento de extradición alguno en trámite, o solicitud formal de extradición por parte de autoridad extranjera.
“No había mandato judicial que autorizara su entrega a otro país, lo que constituye una grave violación al marco constitucional y legal, así como a los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano”, acusaron.
¿Qué argumentan los familiares de los extraditados?
Vanessa Guzmán Sánchez, pareja sentimental de Juan Pedro Saldívar Farías, ‘el Z-27′ (identificado por las autoridades como tercero al mando de ‘Los Zetas’), sostuvo que su envío a territorio estadounidense se llevó a cabo al margen del debido proceso, vulnerando garantías fundamentales como la seguridad jurídica, el derecho a la defensa y el principio de legalidad que debe regir cualquier forma de cooperación internacional en materia penal.
“El envío de mi pareja no es otra cosa que un destierro, una figura prohibida expresamente en nuestra Constitución Política que, abiertamente la presidenta Claudia Sheinbaum ha declarado que responde a un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, particularmente a una petición del Departamento de Justicia, cuyos términos, alcances y fundamentos jurídicos no han sido transparentados ni sometidos a control constitucional o legislativo, lo cual es sumamente delicado para este país”, indicó.
En la conferencia estuvo Hugo Dionisio Guadalupe, representante legal de Daniel Menera Sierra, quien también fue entregado en el llamado tercer envío. El tercer demandante es Itiel Palacios García quien fue entregado en febrero del 2025.
Los abogados advirtieron que este caso no es un hecho aislado, sino que forma parte de una práctica sistemática que está vulnerando de manera explícita los derechos humanos y civiles de al menos 92 personas privadas de su libertad, quienes fueron trasladadas de manera masiva a Estados Unidos bajo una figura que no se encuentra prevista ni regulada en la legislación mexicana.
Consideraron que estos hechos marcan un grave y muy preocupante precedente en la relación bilateral México–Estados Unidos, al implicar un sometimiento de decisiones soberanas a intereses extranjeros, sin respetar los mecanismos formales de cooperación internacional ni los tratados vigentes en materia de extradición y asistencia jurídica mutua.
Los litigantes no descartaron recurrir a la justicia internacional.
Dijeron que entre los funcionarios involucrados en estas decisiones está la presidenta Claudia Sheinbaum, como titular del Consejo de Seguridad Nacional, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez; el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente Ramírez; el secretario de la Defensa Nacional, General Ricardo Trevilla Trejo;
Además del secretario de Marina, Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles; el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch; el secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora; la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos; así como el director general del Centro Nacional de Inteligencia, Francisco Almazán Barocio.