Castilla-La Mancha ya ha recibido y atendido en los últimos meses a una veintena de menores no acompañados derivados del Real Decreto aprobado por el Gobierno de España el pasado mes de agosto con el fin de terminar la situación de hacinamiento que sufrían Canarias y Ceuta. Fuentes de la Consejería de Bienestar Social han informado a ABC de que el Gobierno regional «ha mantenido desde el primer día una posición firme de solidaridad y corresponsabilidad ante la situación humanitaria que afecta a los niños y adolescentes migrantes no acompañados» y ha colaborado activamente en los distintos mecanismos de acogida. Sin embargo, denuncian que el sistema de protección de menores de Castilla-La Mancha «se encuentra altamente tensionado» , con una ocupación muy próxima a su capacidad total ordinaria, fruto de un modelo basado en pequeños hogares (máximo de 10 plazas) y en el impulso decidido como medida preferente de protección del acogimiento familiar. «La llegada de nuevos menores, si no viene acompañada de los recursos necesarios , podría comprometer a corto y medio plazo la calidad de la atención y poner en riesgo tanto a los menores recién llegados como a los que ya se encuentran tutelados por la administración autonómica, como ya hemos venido reiterando desde hace meses y poniéndolo sobre la mesa del Gobierno Central», subrayan. Por ello, el Gobierno regional insiste en que la solidaridad con los menores debe ir necesariamente acompañada de una financiación justa y suficiente , «una muy superior a la que se ha puesto sobre la mesa». Según los datos preliminares de la comisión delegada publicados el pasado noviembre, Castilla-La Mancha solo recibiría cuatro millones de euros. «La cantidad abonada y comprometida por el Gobierno central a la comunidad autónoma resulta claramente insuficiente para cubrir los costes reales de la acogida prevista y garantizar la sostenibilidad del sistema en la región. La comunidad ha reiterado que asumir nuevas derivaciones sin la financiación adecuada supondría una carga desproporcionada para un sistema que ya está al límite de su capacidad», insisten. La Junta ha reiterado su voluntad de seguir colaborando «lealmente con el Estado en la respuesta a esta crisis», pero defienden que «cualquier reparto entre comunidades autónomas debe realizarse con planificación, transparencia y corresponsabilidad financiera , evitando soluciones improvisadas o de bajo coste que puedan deteriorar un modelo de protección reconocido por su calidad». «La prioridad absoluta es el interés superior de los menores, que solo puede garantizarse con recursos suficientes y con el respeto a los sistemas de protección ya consolidados», aseguran. Actualmente, el número total de menores tutelados por el Gobierno de Castilla-La Mancha supera los 1.200 , de los cuales más de la mitad (55%) están en acogimiento familiar y el resto en acogimiento residencial. De esa cifra, los menores migrantes representan una mínima parte a día de hoy .
