Starmer busca dinero chino mientras crece el miedo al control tecnológico
El primer ministro británico, Keir Starmer, llegó a Pekín este miércoles para reabrir la vía política con el gigante asiático tras ocho años de hielo institucional. El viaje, más que protocolario, es una apuesta calculada en frentes como la inteligencia, valores o alineamiento atlántico, con Downing Street intentando normalizar el diálogo sin dar munición a quienes ven cualquier gesto como una rendición.
El itinerario del premier está concebido para proyectar "normalidad" a través de reuniones con el presidente Xi Jinping o el primer ministro Li Qiang, además de una escala posterior en Shanghái con componente económico. Pero precisamente esa "normalidad" es la parte más discutida en casa. La pregunta que acompaña a Starmer no es si conviene hablar con China, sino qué precio político y estratégico implica estabilizar los vínculos con una potencia que los servicios británicos consideran un actor hostil en el ámbito cibernético y de inteligencia.
Del "Golden Age" al "Ice Age"
El Ejecutivo Laborista llega con el marco narrativo de acabar con lo que describe como años de bandazos. Según recogió The Times, el primer ministro sostiene que la política británica hacia China ha oscilado "de la Edad de Oro a la de Hielo", alternando aperturas y cierres sin una línea constante. Su tesis es que "nos guste o no, China importa al Reino Unido", por peso económico y por capacidad de condicionar problemas globales.
Ese argumento no es solo diplomacia, es política doméstica. Downing Street busca justificar el contacto de alto nivel como una herramienta de interés nacional —abaratar costes, atraer inversión y gestionar riesgos— sin caer en la ingenuidad de un "reset" sin contrapartidas. Y al mismo tiempo, pretende neutralizar el flanco más vulnerable: la sospecha de que, bajo el paraguas del pragmatismo, se rebajan los umbrales de seguridad.
La macroembajada china en Londres
La visita se produce tras una decisión que ha encendido el debate interno. La aprobación formal de una nueva embajada china de gran escala en el corazón de Londres, en Royal Mint Court, cerca de infraestructuras sensibles. The Times subraya la proximidad a cables de fibra óptica que transportan datos financieros entre la City y Canary Wharf. En otras palabras, una instalación diplomática masiva donde la comunidad de inteligencia ve, como mínimo, más capacidad operativa y más fricción potencial.
Para el Gobierno laborista, la autorización encaja en una estrategia de relación "previsible", con canales estables y reglas claras. Para los detractores, funciona como señal política: un deshielo que llega cuando MI5 y otros organismos llevan años alertando de amenazas persistentes. El choque añade una lectura inevitable: si el Reino Unido concede a Pekín una sede emblemática en Londres, ¿qué recibe a cambio?
Aquí entra una pieza adicional. El mismo artículo apunta que la aprobación británica se interpreta en Westminster como un quid pro quo: facilitar que China autorice la rehabilitación de la embajada británica en Pekín, descrita por funcionarios como un edificio deteriorado. Sería un intercambio de símbolos y de alto valor político, aunque de limitada traducción económica.
El viaje bajo protocolo de contrainteligencia
El punto más delicado de la misión se llama seguridad nacional. MI5 ha advertido de que Pekín estaría desarrollando ciberespionaje a escala industrial contra el Reino Unido, y ese contexto impregna cada decisión operativa del desplazamiento. Starmer, preguntado por posibles intrusiones en los teléfonos de su equipo, ha dicho que no hay evidencias de que Downing Street haya sido comprometido y que existen medidas "robustas".
En paralelo, se han conocido protocolos reforzados típicos de entornos de alto riesgo, con teléfonos de un solo uso, tarjetas temporales y equipos informáticos de sustitución. Esto es una admisión práctica de que el periplo ocurre en un terreno donde se presupone vigilancia.
La seguridad, además, ha contaminado la logística. La oposición conservadora ha aprovechado el detalle de que el avión oficial se quede en el Reino Unido para alimentar la idea de un desplazamiento con miedo a incidentes. El trasfondo lo marca el precedente de 2018, durante la visita de Theresa May, cuando se llegó a fotografiar el interior del avión. Aquello se gestionó con discreción, pero quedó como recordatorio de que estas giras se disputan también en espacios aparentemente secundarios.
La línea roja de "no comerciar por seguridad"
El clima de sospecha no se sostiene solo en percepciones. The Times recuerda que el Gobierno publicó este año su material sobre dos británicos acusados de espiar para China: Chris Cash, exinvestigador parlamentario, y Christopher Berry, académico. El proceso terminó colapsando cuando la fiscalía (CPS) retiró los cargos y ambos niegan cualquier delito. Aun así, el Ejecutivo mantiene la formulación de que China supone una amenaza para "nuestra gente, prosperidad y seguridad".
Esa tensión se resume en una frase que Downing Street repite para marcar límites: "Nunca cambiaremos acceso económico por seguridad nacional". La dificultad llega cuando toca definir qué es "seguridad" y qué se considera "económico" en cuanto a inversión, compras públicas, tecnología dual, energía, redes, universidades.
Derechos humanos: Jimmy Lai, Xinjiang y el lenguaje medido
La carpeta de valores también viaja en la delegación. Starmer ha señalado que planteará derechos humanos, y en el centro aparece Jimmy Lai, empresario mediático y ciudadano británico detenido en Hong Kong por su activismo prodemocratico, que se encuentra a espera de una sentencia que podría llegar a cadena perpetua. En cuanto a Xinjiang y la persecución de los uigures, Starmer ha evitado anticipar su formulación y, según The Times, se ha negado a repetir la calificación de “genocidio” utilizada en el pasado por miembros de su propio entorno.
El componente económico es real, pero también está delimitado. Starmer viaja con 50 líderes empresariales con el objetivo de reforzar vínculos en ámbitos como farmacéuticas, energía verde e inversión. No hay un gran tratado comercial sobre la mesa. Lo que se busca son avances sectoriales, compromisos de inversión y acuerdos que puedan traducirse en actividad. Downing Street defiende que hacer negocios con China no es un capricho, sino un instrumento para evitar aislamiento y gestionar retos globales y que, de paso, puede contribuir a reducir el coste de la vida. En la práctica, el Ejecutivo intenta vender la idea de prosperidad sin dependencia.
En paralelo, el mercado británico refleja una tendencia que empuja al Gobierno hacia el pragmatismo: mayor consumo de productos chinos, desde plataformas de bajo coste como Temu y Shein hasta bienes de mayor valor. En el automóvil, el Reino Unido se ha convertido en destino relevante para vehículos eléctricos de fabricantes como BYD y Chery, en parte porque —a diferencia de EEUU y la UE— no aplica aranceles punitivos a esos modelos, lo que acelera su penetración y tensiona a competidores occidentales.
El factor Trump y el aviso canadiense
La tercera capa es la alianza atlántica. Londres vigila con lupa qué hará Donald Trump. A comienzos de mes, el primer ministro canadiense Mark Carney irritó a la Casa Blanca tras visitar Pekín y anunciar una "asociación estratégica". Downing Street se esfuerza en marcar distancias y Starmer no pretende una declaración de ese calibre mientras recuerda que el propio Trump tiene previsto viajar a China en abril, lo que relativiza parte del ruido.
Washington observará el viaje británico por lo que sugiera sobre alineamientos, inversiones sensibles y control tecnológico. Y Starmer sabe que, si quiere "descongelar" sin romper con su principal socio de seguridad, debe volver con resultados compatibles con ese marco.