Las empresas que se enriquecen gracias a la política migratoria de Trump

Con el paso de los meses, el proyecto antiinmigración de Donald Trump se tiñe de violencia. Pero detrás de los controles raciales, las detenciones violentas y los asesinatos de civiles, se esconde un jugoso negocio del que se benefician un puñado de empresas.

Varios grupos privados, algunos cercanos al inquilino de la Casa Blanca, han encontrado en la política migratoria de Estados Unidos una fuente de ingresos aparentemente inagotable. Y con razón, ya que, desde el regreso de Donald Trump al poder, el presupuesto asignado al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) se ha disparado. Con cerca de 400.000 millones de dólares solo para el año 2025, es más del doble de los 176.000 millones concedidos en 2024. Aunque se ha reducido ligeramente este año, el presupuesto del DHS sigue superando los 330.000 millones de dólares.

Este dinero se destina principalmente a dos cuerpos policiales: el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y el Servicio de Protección Fronteriza de los Estados Unidos. No es de extrañar. A cada uno de ellos se le ha concedido una fortuna de casi 80.000 millones de dólares. Una gran negocio para varias empresas, algunas de las cuales llevan años, incluso décadas, acostumbradas a los contratos federales.

Muy mediática desde hace aproximadamente un año, Palantir, la pequeña empresa del libertario y gran partidario de Donald Trump, Peter Thiel, lleva casi 20 años gravitando en las esferas federales. Pero la empresa ha encontrado una importante fuente de ingresos en la recopilación de información para la ICE. Un contrato, firmado en 2022 con el DHS, había reportado 58 millones de dólares a la empresa en septiembre de 2024. Entre el regreso al poder de Donald Trump y septiembre de 2025, esta cifra se duplicó con creces, ascendiendo a más de 139 millones. También fue ese año cuando Palantir firmó el mayor número de contratos de su historia con el Departamento de Seguridad Nacional. Pero el gigante de la vigilancia masiva no es, ni mucho menos, el único que se beneficia de esta situación.

Para ICE, cualquier medio es válido para rastrear a los inmigrantes. Una tecnología le resulta especialmente útil para ello. Gracias a CLEAR, una herramienta desarrollada por Thomson Reuters y por la que el DHS renovó un contrato de 4 millones de dólares en mayo de 2025, la policía de inmigración estadounidense puede rastrear a sus objetivos a partir de las matrículas de sus vehículos. Lo mismo ocurre con la tecnología de reconocimiento facial de Clearview AI, cuyos ingresos federales se han disparado este año tras la firma de un contrato que podría reportarle hasta 9 millones de dólares. Sin olvidar los 4,6 millones pagados en 2025 a BI² Technologies por sus escáneres de retina, cuya capacidad para “identificar a delincuentes y presos por las características únicas de su iris” alaba la empresa. Los agentes del ICE también obtienen acceso a la base de datos biométrica de BI², gracias a la cual podrán “autenticar rápidamente la identidad de los sujetos durante las operaciones sobre el terreno”, según los términos del contrato.

Los vínculos directos con Donald Trump nunca están muy lejos. Brian Ballard, gran donante de la campaña del 47.º presidente de los Estados Unidos, nombrado por este último miembro del consejo de administración del Trump Kennedy Center, está al frente de un grupo de presión que promueve BI². Según el Financial Times, la empresa también habría contado entre sus filas con Pam Bondi, la actual fiscal general, y Susie Wiles, jefa de gabinete de la Casa Blanca.

Pero la avalancha de dinero también salpica a las empresas francesas. Capgemini, un grupo de servicios informáticos, se beneficia económicamente, gracias a su filial estadounidense, de la persecución de los inmigrantes ilegales por parte de la administración Trump. En diciembre de 2025, la empresa firmó un contrato por valor de 4,8 millones de dólares con ICE para proporcionar “servicios de localización” que permiten seguir la pista a las personas buscadas. Todas estas herramientas utilizadas conjuntamente provocan “una vigilancia extrema de los residentes” que plantea “grandes riesgos de abusos”, alerta Cléa Fortuné, profesora de civilización estadounidense en la Universidad Sorbonne Nouvelle (París). Pero si la información es dinero, la logística es oro para el Gobierno estadounidense.

Dinero para la expulsión

Una vez identificados sus objetivos, los agentes los persiguen. Es imposible llevar a cabo su misión sin equipos de última generación. Un negocio lucrativo gracias al cual empresas como ADS Tactical han encontrado ingresos subsidiarios. Filiales, efectivamente, ya que ADS (Atlantic Diving Supply) ya gana miles de millones suministrando al Departamento de Defensa. Sin embargo, según nuestros cálculos, solo en 2025 se firmaron al menos 34 contratos con ICE por un importe cercano a los 79 millones de dólares. Uno de ellos, firmado en septiembre de 2025, prevé, por ejemplo, la compra de fundas para pistolas Glock —el modelo de arma utilizado en el asesinato de Alex Pretti— por un valor de 3,8 millones de dólares.

La administración también lleva varios años recurriendo a empresas de seguridad privadas para la persecución de migrantes ilegales. Gracias a ello, G4S Solutions, fundada en 1954 por el exagente del FBI George Wackenhut y adquirida a principios de la década de 2000 por un grupo danés, ha encontrado la manera de abrirse camino hasta las oficinas del DHS. Así se han firmado contratos multimillonarios para operaciones de transporte o expulsiones. Uno de ellos, con fecha del 26 de septiembre, prevé una compensación total potencial de más de 122 millones de dólares.

Dinero casi insignificante en comparación con el que se asegura CSI Aviation, una empresa de aviación privada contratada por el Gobierno. Solicitada regularmente desde hace casi 20 años, la empresa fundada por Allen Weh, antiguo miembro de los marines y discreto donante de la campaña de Donald Trump, ha ganado el gordo desde el regreso del multimillonario a Washington. En febrero de 2025, firmó un contrato por valor de 33 millones de dólares en el que se comprometía a “proporcionar vuelos diarios regulares en aviones de gran tamaño y vuelos chárter especiales de alto riesgo para facilitar las operaciones de expulsión de extranjeros ilegales por parte del ICE”. Tras varias renovaciones, este acuerdo ha reportado más de 500 millones a CSI Aviation. Pero entre la persecución y la expulsión, hay una etapa intermedia que beneficia a los profesionales del sector.

Las prisiones privadas se llenan

El grupo Wackenhut tuvo claramente buen olfato. Además de su empresa de seguridad privada, que se convirtió en G4S, Wackenhut Corporation fundó una empresa de servicios penitenciarios en la década de 1980. En 2003, la filial compró todas sus acciones y comenzó su transformación. Así nació GEO Group. Empleada por el Departamento de Seguridad Nacional de forma ininterrumpida desde su independencia, la empresa también se ha beneficiado de la represión migratoria de Donald Trump.

Con 791 millones de ingresos federales en 2025, GEO Group registra su año más rentable al servicio del Gobierno. Además, los contratos firmados el año pasado siguen alimentando sus arcas. Uno de ellos, firmado en marzo de 2025, prevé hasta 58 millones de dólares para garantizar “el alojamiento de los extranjeros de ICE en el centro de detención contractual de Delaney Hall en Newark, Nueva Jersey”. Texas, Minnesota, California… Los contratos se acumulan a medida que se intensifica la represión migratoria.

CoreCivic, otro grupo penitenciario privado, experimentó un importante aumento de los contratos gubernamentales en 2025 y permite a ICE ampliar aún más su red penitenciaria en el país. Gracias a las misiones encargadas solo en el año 2025, el grupo ingresó al menos 135 millones de dólares, según nuestras estimaciones.

Detrás del discurso sobre seguridad e identidad de Donald Trump se esconde, una vez más, una lógica capitalista que incita a la carrera por los beneficios del “complejo securitario-fronterizo o securitario-industrial”, como lo describe Cléa Fortuné.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que la represión migratoria sin precedentes de Donald Trump se basa en los cimientos establecidos por algunos de sus predecesores, explica la investigadora. “Estas empresas ya se beneficiaron enormemente de los contratos bajo el mandato de Biden. Hacia el final de su mandato, es decir, en 2023-2024, firmaba una media de 45 contratos al día con estas empresas privadas”. Por lo tanto, parte de los ingresos generados por estas empresas en el año 2025 no se debe atribuir únicamente a la política migratoria del actual presidente. Donald Trump está ampliando brutalmente los límites de una política migratoria estadounidense que se ha vuelto gradualmente más represiva desde los atentados del 11 de septiembre.