Violencia de género: hubo 133 casos de feminicidio durante el 2025
Con inusitada violencia, Brian Torres cogió una almohada y cubrió el rostro de su pareja, Samahara Lobatón, por varios minutos, intentando asfixiarla. La víctima no ha denunciado a su agresor, pero su madre, Melissa Klug, sí lo ha hecho, y ha pedido a su hija alejarse de él.
“Lo que más deseo es que mi hija se cure, vaya a terapia con psicólogos que la ayuden y la saquen de esa dependencia emocional que tiene por ese desgraciado”, ha declarado.
Samahara Lobatón es un ejemplo de una potencial víctima de feminicidio, pero que no es consciente de ello.
2025: un año violento
Durante el año que pasó se registraron 270 casos de tentativa de feminicidio, donde el 47,8% de los agresores tenía vínculo de pareja con la víctima. En ese mismo periodo se reportaron 133 feminicidios, según el Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar - Warmi Ñan.
La mayoría de estos casos se dieron en Lima Metropolitana, Junín, Arequipa, Cusco y Puno.
Y entre octubre y enero, es decir en los últimos cuatro meses, se han cometido 22 feminicidios, según Familias Unidas por Justicia.
Las víctimas son principalmente mujeres jóvenes y adultas de 18 a 59 años, muchas de ellas madres, pero también hay niñas y adolescentes, lo que es especialmente grave.
En la mayoría de los casos, el agresor no es un desconocido: suele ser la pareja, expareja, conviviente o alguien cercano. Por esta razón muchos feminicidios ocurren en entornos donde la mujer debería estar segura, como su hogar.
Una de estas víctimas es Rossana Stephany Portilla Guerrero, ingeniera de 23 años, quien fue hallada sin vida en la ciudad de Chepén, en La Libertad, en agosto del año pasado. Su expareja es el principal sospechoso, pues tiene un historial de violencia y amenazas.
La joven había intentado separarse en más de una ocasión; pidió medidas de protección, pero su agresor no se detuvo y se sospecha que contrató a los sicarios que la atacaron.
El padre de la víctima, Elvis Portilla, señala que la expareja de su hija está en un penal cumpliendo condena de 6 años por otro delito (tenencia ilegal de municiones), pero no por feminicidio. El caso es complejo porque no hay pruebas que lo vinculen directamente.
“Los sicarios fueron atrapados, cayeron en la provincia de Pacasmayo. Un coronel salió a decir que habían encontrado en el celular de los sicarios pruebas contra él, pero la fiscal, sospechosamente, y no sabemos por qué, dejó libres a los sicarios”, contó a La República.
El celular de la víctima no aparece, pero las sospechas apuntan a su expareja quien la había amenazado.
Sin políticas de prevención
Liz Meléndez, directora de la ONG Flora Tristán, señala que en 2025 se registraron 270 casos de tentativas de feminicidio, lo cual es “muy grave”. Remarca que cuando se habla de intentos de feminicidio, son casos en los que la mujer sobrevivió, pero que hubo voluntad de asesinarla.
“Estamos hablando, lamentablemente, de cifras muy lacerantes que tienen que ver con la falta de políticas de prevención frente a la violencia”, anota.
Enfatiza además que, de acuerdo con las cifras del 2025: “hubo más de 11 feminicidios mensuales en nuestro país. O sea, cada mes, en el 2025, hemos tenido que lamentar el dolor de 11 familias que han perdido a una hija, una hermana o una madre; y niños que lamentablemente también quedaron en la orfandad, en una situación muy terrible”.
Polémico proyecto
Y pese a estas cifras, la congresista Milagros Jáuregui, de Renovación Popular, propone reemplazar el delito de feminicidio por el de “asesinato de la pareja” en el Código Penal.
De acuerdo con la propuesta, se modificaría el artículo 108-B del Código Penal, que actualmente sanciona el feminicidio con una pena privativa de libertad no menor de 20 años.
Sin embargo, los crímenes que se han reportado a lo largo de los años no siempre tienen un vínculo directo entre las víctimas y los agresores, explica Liz Meléndez.
“La propuesta legislativa significaría un retroceso de más de 10 años”. Y esto porque dejaría desprotegidas a las mujeres o a los familiares que buscan justicia por mujeres que no fueron asesinadas necesariamente en contextos de relaciones de pareja, sino en contextos de violencia sexual o de acoso.
“Uno de los casos más emblemáticos en nuestro país es el de Eivy Ágreda. Ella fue asesinada, quemada viva en un bus, en Lima, por su acosador. Ella no tenía una relación de pareja. Él era un acosador y la mató”, recuerda Meléndez.
Y algunos casos de feminicidio empiezan con la desaparición de la víctima, como es el caso de la enfermera Kimberlit Tapia, de 28 años, quien fue hallada muerta en un descampado de Cieneguilla en setiembre del 2024. Ella había sido reportada como desaparecida.
El agresor de Kimberlit, Joshua Huamán, la llevó con engaños a su vivienda, en un condominio de Cieneguilla, y acabó con su vida con un cuchillo. Desmembró su cuerpo y trató de desaparecerlo en un terreno baldío. La justicia dictó para él 30 años de prisión. En este caso tampoco hubo una relación de pareja.
Sin embargo, el padre de Kimberlit pide a la justicia que ratifique la pena, que sean firmes, pues señala que el abogado del asesino tiene influencias en el Poder Judicial y buscaría reducir la pena de su patrocinado.
“No estamos viendo a Joshua Huamán como sospechoso o investigado. Él es un feminicida confeso, él es un narcisista, él es el asesino confeso que mató a mi hija de una manera cruel, sin compasión. Y el Poder Judicial no puede cederle oportunidades. El abogado que lo defiende ha sido un magistrado, un juez, ha sido un procurador, tiene influencias”, alerta.
Los padres de las víctimas de feminicidio no recobran su vida. Llevan un dolor que no se apaga solo con una condena. Sus hijas ya no están con ellos y eso los consume.