La Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción ha activado una convocatoria pública para la provisión provisional, mediante comisión de servicios, de cuatro puestos de trabajo vacantes que necesita cubrir «de forma urgente e inaplazable» ante la «carga de trabajo» con la que cuenta, que se vincula con el «incremento de denuncias» registrado. Así se desprende de una resolución, con fecha del pasado 26 de enero de 2026 y firmada por el director de la citada Oficina Andaluza Antifraude, Francisco de Paula Sánchez Zamorano , consultada por Europa Press tras publicarse esta semana en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). La resolución concreta que los puestos que se quieren cubrir de forma «provisional y urgente» son los de dos asesores técnicos adscritos a la Subdirección de Investigación, Inspección y Régimen Sancionador; un asesor técnico vinculado a la Subdirección de Asuntos Jurídicos, Prevención y Protección de la Persona Denunciante, y para la Secretaría de Dirección y Unidad de Tramitación, una plaza esta última adscrita a la dirección de la Oficina. El director explica que estos puestos ahora vacantes se crearon con la modificación de la relación de puestos de trabajo (RPT) de la Oficina acordada por la Mesa del Parlamento de Andalucía el 1 de octubre de 2025, y detalla que «la provisión de los puestos adscritos a la Subdirección de Investigación, Inspección y Régimen Sancionador (...) resulta imprescindible para abordar la enorme pendencia de procedimientos de investigación preexistentes dada la falta de medios personales de la Subdirección y el incremento exponencial de las denuncias». «La complejidad técnico-jurídica de la labor de investigación e inspección, y la gravedad y trascendencia de mucho de los hechos denunciados exigen personal cualificado adicional que permita dar respuesta a la ciudadanía en unos tiempos razonables», agrega el director de la Oficina Antifraude en su resolución, en la que también indica que, «por idénticas razones, urge la cobertura de personal adicional para la tramitación de los procedimientos sancionadores cuya complejidad y brevedad de los plazos procedimentales y prescriptivos exige, si cabe, mayor diligencia en su tramitación». Por su parte, « la provisión del puesto adscrito a la Subdirección de Asuntos Jurídicos, Prevención y Protección de la Persona Denunciante (SAJ) es fundamental para materializar el mandato de protección del denunciante conferido por la Ley 2/2021, de 18 de junio, de lucha contra el fraude y la corrupción en Andalucía y protección de la persona denunciante y la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción«, añade la resolución. Francisco de Paula Sánchez continúa argumentando que «la efectiva aplicación del régimen de protección establecido en ambos marcos normativos y su necesaria alineación con los estándares de la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión, plantea una elevada exigencia técnica», y «a esta complejidad jurídica se suma el incremento en el volumen de denuncias y solicitudes de protección registrado desde la entrada en vigor de la normativa estatal, configurando un escenario de carga de trabajo y especialización para el que los medios actuales resultan manifiestamente insuficientes». Finalmente, se ha convocado un puesto de Secretaría de Dirección y Unidad de Tramitación que «se encuentra reservado a su titular que, por las razones de carga de trabajo expuestas anteriormente, está adscrita provisionalmente a otro puesto dependiente de la SAJ, por lo que se precisa cubrir provisionalmente éste a fin de reforzar la secretaría de la Dirección de la Oficina«.
