Mineras y pesqueras recibieron $6.700 millones en subsidios ilegales durante dos décadas
Una profunda investigación realizada por la Fundación Terram ha puesto al descubierto un grave fallo en la fiscalización del uso de recursos públicos en el país. El reporte devela que, entre los años 2004 y 2023, el Estado entregó al menos $6.717 millones en subsidios a la mano de obra a grandes empresas mineras y pesqueras que, por mandato legal, debían estar excluidas de estos beneficios. La normativa en cuestión, la Ley N°19.853, fue diseñada específicamente para fomentar el empleo en zonas extremas, estableciendo límites claros que excluyen de forma taxativa a las mineras con más de 100 trabajadores y a las compañías dedicadas a la pesca reductiva, encargadas de producir harina y aceite de pescado.
En el sector minero, la investigación identifica un patrón de incumplimiento que permitió la entrega de más de $4.800 millones. El caso más emblemático es el de Quiborax, empresa ligada a la familia Fosk, que percibió $3.575 millones a pesar de superar constantemente el límite de trabajadores permitidos y de enfrentar procesos judiciales por daño ambiental irreparable en el Salar de Surire. A este se suman otros ejemplos como el de ACF Nitratos, que recibió $441 millones, y Cosayach, del grupo Errázuriz, con $397 millones. En este último caso, se detectó que, aunque declaraban pocos empleados directos, informes de fiscalización revelaron la presencia de cientos de trabajadores subcontratados, lo que según la ley igualmente las invalidaría para recibir el beneficio. Incluso en casos como el de Imerys Minerales Chile, la Tesorería justificó el subsidio bajo criterios de enfoque en minerales no metálicos, una distinción técnica que no existe en el texto legal vigente.
Por el lado de la industria pesquera, las empresas beneficiadas recibieron más de $1.800 millones de pesos. La ley es explícita al prohibir este incentivo para la pesca reductiva —aquella que extrae especies para generar subproductos destinados a la industria del salmón—, pero empresas como Camanchaca lograron captar más de $860 millones. También figura en los registros Golden Omega, del grupo Angelini, con $650 millones, y Pesca Chile, que recibió recursos para la extracción de krill en aguas antárticas, una operación fuertemente cuestionada por su impacto en el ecosistema marino.
La respuesta de la Tesorería General de la República ante estos hallazgos ha sido cuestionada por la discrecionalidad de sus criterios. El organismo sostuvo que las exclusiones solo aplicarían a empresas que producen harina o aceite con fines industriales específicos, una interpretación administrativa que contradice la información pública de las propias compañías beneficiadas y que carece de respaldos jurídicos formales presentados ante la investigación. De esta manera, el informe expone cómo recursos fiscales destinados originalmente a dinamizar las economías locales de zonas apartadas terminaron favoreciendo a grandes grupos económicos con presencia consolidada y antecedentes de conflictos ambientales o judiciales.