Caso ProCultura: renuncia de abogado marca la segunda jornada de formalización
La segunda jornada de formalización en el marco del caso ProCultura se vio interrumpida esta mañana en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago. El desarrollo de la audiencia, que involucra a cinco detenidos por presuntas irregularidades en el traspaso de fondos estatales, sufrió un retraso inesperado tras la renuncia del abogado defensor de María Teresa Abusleme, exdirectora de estudios de la fundación.
El abogado saliente, Mario Valenzuela, explicó fuera de la sala que su decisión se debió a discrepancias profundas tanto con la imputada como con su entorno familiar. Ante la falta de defensa técnica, el tribunal debió gestionar rápidamente la asignación de un representante de la Defensoría Penal Pública para Abusleme, garantizando así la continuidad del proceso judicial donde se le imputa el delito de fraude al fisco consumado.
Avances en las medidas cautelares
Durante la jornada previa, el Ministerio Público, liderado por el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, ya había formalizado al psiquiatra y fundador de la organización, Alberto Larraín, junto a María Constanza Gómez, Evelyn Gutiérrez y Gabriel Prado. Este último, quien fuera el nexo entre el Gobierno Regional y la fundación, ya quedó sujeto a la medida de arresto domiciliario total y arraigo nacional.
Para el resto de los implicados, la Fiscalía mantiene su estrategia de solicitar la prisión preventiva. El persecutor ha enfatizado que la severidad de las cautelares solicitadas responde a la gravedad de los delitos y al perjuicio económico provocado al erario público, afectando recursos destinados originalmente a fines sociales y regionales.
Un examen a la probidad pública
La audiencia de este domingo se centra en la exposición de argumentos por parte de la Fiscalía para justificar la máxima medida cautelar contra Larraín y las otras tres directivas de la desaparecida fundación. La investigación busca desentrañar el mecanismo mediante el cual se habrían desviado fondos bajo la fachada de convenios de asistencia técnica y cultural.
El caso ProCultura se ha convertido en una de las aristas más complejas de la crisis de los convenios, poniendo a prueba la capacidad de las instituciones para perseguir delitos de cuello blanco vinculados al aparato estatal. Se espera que, tras la resolución de las medidas cautelares, el tribunal fije un plazo de investigación para que el Ministerio Público profundice en el rastro del dinero y las posibles redes de influencia involucradas.