La Diputación Permanente , el órgano que vela por el funcionamiento de las Cortes una vez que estas se han disuelto por la convocatoria de elecciones, ha dado este lunes luz verde a un asunto que había quedado en el tintero en la Cámara: el decreto-ley para la subida del salario de los funcionarios en Castilla y León. Un texto que fue convalidado por unanimidad de los 16 miembros, pero cuyo debate no ha estado exento de reproches por parte de los partidos de la oposición ante la defensa que ha hecho el consejero de Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, de un texto que plasma un incremento del sueldo para los empleados públicos del 2,5 por ciento en 2025 con carácter retroactivo y otro 1,5 para este 2026. Se abre la puerta, además, a que ascienda otro 0,5 por ciento si el IPC escala más del 1,5 por ciento, ha explicado el también portavoz de la Junta. El Gobierno autonómico ha acudido a la «fórmula» del decreto-ley para aprobarlo «de forma urgente» y para dar una «respuesta inmediata» a la normativa básica del Estado que marca el citado aumento de las retribuciones. De esta forma, ha asegurado que los funcionarios han percibido ya los retrasos de 2025 y el incremento de este año en la nómina de 2026, pese a que las instrucciones del Gobierno central permitían hacerlo en 2028. La tramitación ordinaria lo «habría retrasado», ha comentado Carriedo, antes de subrayar que la Junta ha incorporado el «máximo» de cuantías que contempla la norma estatal. En total, las citadas subidas supondrán un desembolso para las arcas públicas autonómicas de 403 millones de euros, ha calculado. Por parte de UPL, su portavoz, Luis Mariano Santos, ha considerado que esta tramitación, con cuantías «insuficientes», constata «una forma de hacer política» que evita el «debate parlamentario» y la «debilidad de ambas minorías», la de la Junta y la del Gobierno central. Una postura en la que ha estado de acuerdo Vox. Su portavoz, David Hierro, ha afeado que esta iniciativa se haya aprobado «por la puerta de atrás» en la Cámara, mientras que si se hubiera «incluido en una ley de medidas del presupuesto» hubiera habido «debate» de los grupos. «Los funcionarios, médicos, profesores o asistentes sociales no tienen por qué pagar el pato de la debilidad del señor Mañueco ni la falta de claridad en su gestión», ha señalado, antes de acusar a la Junta de «falta de transparencia». Por su parte, el PSOE ha asegurado que su voto afirmativo se debe a su "compromiso" con lo público. Los funcionarios, ha dicho, «no se merecen las migajas» que el PP les ha dado «en estos últimos siete años» y ha incidido en que los socialistas siempre dirán «sí» a lo que sea «bueno» para Castilla y León. En ese sentido, ha afeado a los populares que se hayan opuesto en el Congreso a la revalorización de las pensiones o a la subida del Salario Mínimo, que también «beneficiaría» a los habitantes de la Comunidad. Por último, el Partido Popular ha subrayado que el Gobierno autonómico ha presentado el decreto-ley «en tiempo y forma» , ya que la normativa estatal sobre la subida del salario a los funcionarios se aprobó el 2 de diciembre y la Junta dio el visto bueno a su decreto el 18 de diciembre en Consejo de Gobierno. En esa línea, ha insistido en que para que se convalidase de forma rápida solo podría hacerse vía Diputación Permanente al estar ya disueltas las Cortes. Por ello, ha destacado la «responsabilidad» de la Junta, frente a la «incertidumbre» del Gobierno estatal.
