Representantes de los regantes de las Demarcaciones Hidrográficas del Segura y del Júcar se reunieron este lunes con el presidente del Gobierno de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y con el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. Julián Martínez Lizán, para trasladarles su «preocupación» por los efectos que la nueva planificación hidrológica puede tener sobre la agricultura, el regadío y el futuro socioeconómico de amplias zonas de la región, especialmente en lo relativo al uso de las aguas subterráneas. El secretario general de UPA Castilla-La Mancha, Julián Morcillo, ha advertido de que este proceso de planificación «es especialmente dañino para la agricultura de nuestra región y para el regadío de Castilla-La Mancha, sobre todo en lo que hace referencia a las aguas subterráneas». Morcillo ha recordado que cerca del 80% de la superficie de regadío de la región depende de acuíferos , muchos de ellos ya en situación de déficit hídrico, por lo que las medidas planteadas suponen una amenaza directa al modelo productivo. En relación con la cuenca del Júcar, Morcillo ha destacado el papel de la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental como «un ejemplo de buena gestión y de interlocución responsable», reiterando el apoyo de UPA a su labor en los procesos de negociación. No obstante, ha mostrado una especial inquietud por la situación en la demarcación del Segura, donde los usuarios de la cabecera, en la provincia de Albacete, que representan el 25% de la cuenca, carecen aún de una estructura organizativa fuerte para defender sus intereses. Según Morcillo, la planificación del Segura busca soluciones para otras regiones mediante transferencias o reutilización, «pero deja sin una solución viable a los diez acuíferos de nuestra región», planteando como única alternativa recortes de dotaciones y de superficie de riego de hasta dos tercios. En este escenario, de los aproximadamente 100 hectómetros cúbicos reconocidos, solo se permitiría utilizar un tercio, lo que supondría « la ruina de muchos pueblos y la conversión del regadío en secano ». UPA ha trasladado ya a las instituciones europeas, incluido el comisario Hansen, la necesidad de aplazar la aplicación más restrictiva de la Directiva Marco del Agua más allá de 2027, con el fin de ganar tiempo para buscar soluciones compatibles con el mantenimiento de los acuíferos. Las estimaciones apuntan a pérdidas de hasta 50 hectómetros cúbicos solo en Albacete , con un impacto económico cercano a los 277 millones de euros anuales, lo que pondría en serio riesgo la viabilidad de estas comarcas. Por su parte, el representante de la CCRR La Horca-Agramón, Carlos Díaz, ha explicado que se está constituyendo una plataforma en la zona para defender los intereses de los usuarios frente a una relación con la Confederación Hidrográfica del Segura «limitada últimamente a comunicaciones de restricciones y reducciones de concesiones». Díaz ha subrayado que «la defensa del agua en Castilla-La Mancha debe ser conjunta» y ha recordado que la cuenca del Segura no es solo Murcia, ya que el 25% de su demarcación se sitúa en Castilla-La Mancha, aunque el consumo de recursos apenas alcanza el 10% del total. Ha advertido además de que la aplicación de la Directiva Marco del Agua a partir de 2027 puede suponer «mayores restricciones e incluso la desaparición de concesiones , haciendo inviable la agricultura en una zona donde este sector tiene un peso fundamental en el PIB y en el empleo«. Actualmente, la cuenca del Segura en Albacete comprende unas 70.000 hectáreas, con más de 8.000 hectáreas ya adheridas a la plataforma, además de ayuntamientos preocupados por posibles problemas de abastecimiento. Díaz ha valorado muy positivamente la receptividad del presidente de Castilla-La Mancha y del Gobierno regional, que han mostrado su apoyo a la creación de esta plataforma y a la futura constitución de una Junta Central de Usuarios, con el objetivo de reforzar la representación de la cabecera del Segura en los órganos de decisión. Finalmente, el presidente de la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental, Julián García, ha alertado de que la nueva planificación hidrológica implica «recortes brutales» para esta zona , con la eliminación de 77 hectómetros cúbicos destinados al regadío . Esta reducción dejaría los recursos muy por debajo de los derechos reconocidos, que superan los 500 hectómetros cúbicos, suponiendo la pérdida de cerca del 40% del volumen, lo que dificultaría gravemente el mantenimiento del sistema productivo y del tejido social y económico ligado al regadío. García ha reclamado el apoyo del Gobierno regional para retomar el espíritu del Plan Hidrológico de 1998 , que reconocía a la Mancha Oriental como cuenca cedente y priorizaba sus usos, en igualdad de condiciones con otros territorios. Asimismo, ha defendido que las mejoras y ahorros derivados de la modernización de regadíos en otras zonas, como Valencia, deben contribuir también a garantizar los recursos hídricos de Castilla-La Mancha. Para todos los representantes se ha tratado de «una reunión muy fructífera», agradeciendo el compromiso del presidente regional por apoyar a las organizaciones y la defensa unida del agua en Castilla-La Mancha, «con el objetivo de revertir una planificación que consideran injusta y lesiva para el futuro del medio rural«. Al encuentro también asistieron la directora de la Agencia del Agua, Montse Muro; el representante de la Comunidad de Regantes (CCRR) de Cancarix, Sur de Hellín y Tedelche, Ignacio Valcárcel; el representante de la consultora Ingesagua y Comunidades de Usuarios de la zona de Hellín, Antonio Montoya; el representante de usuarios y CCRR de Tobarra, Miguel Martínez; el representante de la CCRR Ontur-Albatana y alcalde de Albatana, Francisco José Mansilla; el representante de la SAT Riegos Ontur y alcalde de Ontur, Jesús López; el representante de la CCRR Las Colleras-Fuenteálamo, José Luis Martínez y el representante de la CCRR de la Sierra del Segura, Rafael Parra.
