Caso ProCultura: continúa formalización y tribunal podría resolver cautelares esta semana
Este lunes 2 de febrero continuó la tercera jornada de formalización del denominado Caso ProCultura, instancia que investiga un presunto fraude al fisco por más de mil 600 millones de pesos y que hoy tuvo la exposición final del Ministerio Público.
Es en ese contexto que el pasado fin de semana fueron formalizados los 5 involucrados principales: el cofundador de la fundación, Alberto Larraín, junto a María Constanza Gómez, Teresa Abusleme, Evelyn Magdaleno y Gabriel Prado.
Por ahora, sólo en el caso de Prado se estableció la medida cautelar de arresto domiciliario total y arraigo nacional. Para los otros 4 imputados se pide prisión preventiva y se espera tener la resolución del tribunal este martes o miércoles.
Según la Fiscalía, la fundación ProCultura —vinculada a la ejecución del programa de prevención del suicidio “Quédate”— habría obtenido recursos públicos mediante asignación directa sin las competencias técnicas necesarias, y transferido los fondos en una sola cuota, lo que está expresamente prohibido por la ley.
La investigación sostiene que parte de esos dineros habría sido invertida en fondos mutuos con el fin de generar rentabilidad para la organización, además de destinar recursos a gastos ajenos a la ejecución del convenio, como sueldos y arriendos.
Demandan a ProCultura y a organismos por despidos y subcontratación. Imagen: Agencia ATON.
Durante la audiencia, la defensa de Larraín cuestionó la falta de claridad en la imputación, argumentando que no existe una sola posición sobre la calificación jurídica de los hechos ni sobre el eventual perjuicio fiscal, lo que, a su juicio, dificulta el ejercicio del derecho a defensa de sus representados.
Por su parte, los querellantes han enfatizado la gravedad de los hechos imputados, sosteniendo que este tipo de ilícitos “no sólo afectan al patrimonio fiscal, sino que comprometen bienes jurídicos fundamentales como la fe pública”, especialmente considerando que los recursos estaban destinados a personas en situación de vulnerabilidad.
Con el término de la exposición de la Fiscalía, el proceso seguirá este martes 3 con los alegatos de las partes, tras lo cual el tribunal podría definir las medidas cautelares definitivas contra los imputados, entre ellas la posible prisión preventiva para algunos de ellos
Es en ese contexto que el Ministerio Público acusa contrato injustificado e incluso, aludiendo a la cercanía de Larraín con el Gobernador, Claudio Orrego.
Alberto Larraín, fundador de fundación ProCultura. Foto: Aton.
La arista Orrego
El gobernador de la RM ha sido particularmente señalado en la investigación. De hecho, figura en calidad de imputado en la causa y se solicitó su desafuero para que pueda ser formalizado. Una petición que aún no tiene fecha de revisión.
Por su parte, el diputado Gustavo Benavente (UDI), quien fue parte de la Comisión Investigadora por el Caso ProCultura, calificó como “plausible” la petición de desafuero para Claudio Orrego y cuestionó el traspaso de recursos al mencionado programa “en una sola cuota al momento de firmar el convenio, cuando lo razonable hubiese sido, por último, que te pagó hubiese sido en etapas, una vez que se hubiese ido ejecutando gradualmente el progama”.
“Al mismo tiempo, no había necesidad de llevar a cabo este programa, ya que era prácticamente el mismo que estaba haciendo el gobierno central. No quiero pensar que la necesidad de realizarlo con recursos del Gobierno Regional surgió de la amistad entre el señor Orrego y el señor Alberto Larraín”, cuestionó el parlamentario.
Quienes son objetivo hoy del proceso de formalización, además de Alberto Larraín, son: María Constanza Gómez, representante legal de ProCultura; María Teresa Abusleme, exdirectora de estudios de la fundación; Evelyn Magdaleno, exjefa de la División de Desarrollo Social Humano del GORE RM; y Gabriel Prado, fue contratado por el GORE para contactar con ProCultura y sería pareja de Abusleme.