El nuevo Plan de Infraestructura: ¿qué implica?
Ayer, el gobierno presentó un nuevo Plan de Infraestructura para los próximos años. ¿Cuál es su alcance y significado?
La señal más relevante es que el gobierno está tratando de resolver el gran cuello de botella de los últimos años: cómo financiar un salto en inversión sin romper la consolidación fiscal.
El planteamiento es explícito: una cartera de más de mil 500 proyectos en ocho sectores, con una inversión pública y mixta de 5.6 billones de pesos para 2026-2030, y un “acelerador” inmediato en 2026 de 722 mil millones de pesos adicionales (equivalentes a 1.9% del PIB) sobre lo ya presupuestado.
Lo novedoso no es la cifra —que por sí misma es grande— sino la arquitectura para atraer capital privado sin repetir vicios del pasado.
En la mañanera de ayer se subrayaron cuatro rasgos que cambian el marco de referencia.
Primero, se anticipa el uso de nuevos vehículos de inversión, es decir, fondos/estructuras dedicadas a infraestructura, con foco en bajar costos financieros y elevar transparencia, esto es, sustituir el estigma de las APP por instrumentos más ‘banqueables’ y trazables.
Segundo, se anunció una iniciativa de ley para armonizar el marco jurídico, formalizar estos fondos y crear una base de datos nacional para seguimiento público del avance físico y financiero de los proyectos.
Tercero, se crea un mecanismo de gobernanza política y operativa: un Consejo de Planeación Estratégica de la Inversión, coordinado por la propia presidenta Sheinbaum, para priorizar, destrabar y dar seguimiento “proyecto por proyecto”.
En infraestructura, la diferencia entre anuncio y realidad suele estar en permisos, derechos de vía, ingeniería de detalle, liberación de predios, consultas, y calendarios de obra; un consejo con dientes puede reducir el “costo del atraso”, que es el impuesto silencioso que termina encareciendo todo.
Cuarto —y aquí está la clave de la participación privada—, el gobierno está delineando una relación distinta con el inversionista: compartir riesgos y beneficios, pero con el Estado definiendo reglas de operación y objetivos sociales, y buscando control mayoritario en las empresas que se formen.
La racionalidad de este esquema es clave para que los proyectos caminen.
La idea, según se explicó desde Banobras, es que la estructura sea suficientemente sólida para ser financiable (banca de desarrollo, banca comercial, mercado bursátil) sin que eso implique “contratos leoninos” o cesiones permanentes de activos estratégicos.
En el sector eléctrico, además, se recordó el marco de participación 54% pública y 46% privada, que funciona como ‘línea roja’ política y como ancla para estructurar proyectos.
La estrategia reconoce, implícitamente, que sin capital privado no hay revitalización de infraestructura a la escala requerida.
Con un déficit público (con apoyo a Pemex) estimado en alrededor de 4.8%, el espacio fiscal es limitado: si el Estado pretende hacerlo todo con presupuesto, la obra se vuelve procíclica, es decir, se frena cuando aprieta la caja, y la economía pierde uno de sus multiplicadores más potentes.
Por eso, la apuesta es usar la inversión pública como detonador —y como señal de seriedad— para atraer inversión mixta en energía, trenes, carreteras, puertos, agua, salud y otros rubros, donde el retorno social es alto, pero el flujo financiero requiere ingeniería.
Ahora bien, que el plan funcione depende de condiciones muy concretas.
La primera es certidumbre regulatoria: reglas estables, permisos predecibles y respeto a contratos; sin eso, el capital privado exige primas de riesgo que encarecen el financiamiento y vuelven inviables los proyectos.
La segunda es calidad del proyecto: expedientes completos, demanda estimada con rigor, estructura de ingresos definida (peajes, tarifas, pagos por disponibilidad, contratos de servicio) y asignación de riesgos lógica (quién absorbe construcción, demanda, tipo de cambio, inflación, litigios).
La tercera es transparencia y rendición de cuentas: si habrá nuevos vehículos, deben nacer con gobierno corporativo y trazabilidad del gasto, o el mercado simplemente no los comprará.
Y la cuarta es ejecución: si el Consejo anunciado se convierte en ventanilla de desbloqueo real (no en capa burocrática), entonces el 2026 puede marcar un punto de inflexión.
En el fondo, la estrategia manda un mensaje: el gobierno entiende que la infraestructura no es solo obra pública, sino plataforma para crecimiento.
Pero también deja claro el reto: atraer inversión privada no se logra con invitaciones, sino con reglas, proyectos bancables y un Estado que cumpla.
Si esas piezas embonan, la inversión puede recuperar tracción y, con ella, el ritmo de la economía. Si no, las cifras quedarán como una promesa más en el archivo de los planes ambiciosos.