Impunidad del partido CREO y sus dirigentes

La fiscalización del financiamiento público no es un simple trámite contable, es una línea de defensa de la democracia. En el caso del partido CREO, los ejercicios 2020 y 2021 revelan un patrón sistemático de uso indebido de recursos estatales. La pregunta incómoda no es solo qué hizo el partido, sino qué dejó de hacer el árbitro electoral.

Por qué importa. El financiamiento público existe para proteger la pluralidad política; en CREO, las auditorías oficiales describen un esquema que desnaturalizó ese objetivo. El problema no es técnico: es institucional y afecta directamente la credibilidad del sistema democrático.

• Administrar fondos estatales como si fueran recursos privados rompe el principio de legalidad.
• El traslado de GTQ 1.1M del financiamiento público a cuentas de fondos privados, la ausencia de cuentas específicas y la mezcla deliberada de recursos eliminaron la trazabilidad del dinero estatal, convirtiendo al financiamiento público en una caja opaca, incompatible con una democracia funcional.
• El patrón reiterado de incumplimientos demuestra que no hubo fallas aisladas, sino una administración con controles conscientemente insuficientes, pese a advertencias formales de la autoridad fiscalizadora.

Datos clave. El Informe Final de Auditoría APP-009-2022 no deja espacio para lecturas benévolas. Los 12 hallazgos acreditados describen prácticas reiteradas, sostenidas en el tiempo y contrarias a la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

• Se comprobó el uso de financiamiento público para pagar multas impuestas por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) por un monto de GTQ 90 520.32, realizar inversiones financieras privadas por GTQ 273 000, y cancelar retenciones del impuesto sobre la renta por GTQ 2415.09, prácticas expresamente prohibidas y ajenas a la finalidad legal del recurso estatal.
• La utilización de recibos vencidos, gastos sin legítimo abono, duplicación contable y diferencias de egresos por GTQ 1.9M entre el Estado de Resultados y los informes GR-PRI e INF-FINPU, sin respaldo documental suficiente, evidencia una gestión orientada a “cuadrar números”, no a rendir cuentas.
• La omisión sistemática de informes departamentales, la no apertura de cuentas obligatorias y el incumplimiento en la distribución del financiamiento público por GTQ 1.1M consolidaron un esquema que dificultó, cuando no impidió, la fiscalización efectiva.

Entre líneas. Los dictámenes forenses y administrativos apuntan a responsabilidades claras dentro de la dirigencia nacional; el responsable directo es Óscar Stuardo Chinchilla Guzmán, Secretario General y Representante Legal del partido, así como los funcionarios encargados de la tesorería y contabilidad general, quienes validaron o no desvanecieron los hallazgos. No se trató de errores de base, sino de decisiones avaladas desde la estructura central del partido.

• “No estamos ante simples faltas administrativas”, afirmó Carlos Alvarado, auditor electoral del TSE, al confirmar la gravedad y reiteración de los hallazgos.
• CREO alegó errores normativos y limitaciones bancarias. El TSE rechazó esos argumentos, recordando que la carga de la prueba recae en el partido, no en la autoridad.
• La certificación la evidencia y remitieron al Ministerio Público que los hechos ya no pertenecen al terreno administrativo, sino que configuran indicios serios de criminalidad financiera.

Balance. Emerge un punto, inclusive, más delicado: frente a incumplimientos graves, reiterados y estructurales, acreditados por montos que superan GTQ 1M, el régimen sancionatorio aplicado fue mínimo. La ley permite la cancelación del partido; la autoridad optó por no aplicarla.

• El TSE no es solo un tramitador de multas: es el custodio de la participación política y del uso correcto del dinero público.
• Limitar la respuesta a sanciones económicas transmite un mensaje peligroso: que incluso violaciones graves al financiamiento público pueden sobrevivir sin consecuencias estructurales.
• El traslado al Ministerio Público fue necesario, pero tardío. A la fecha no hay responsables de la malversación procesados y, mucho menos, condenados.