El tribunal de la sección segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba ha condenado a M.C.S., educador en un centro de personas con discapacidad de la provincia, a 12 años de cárcel como autor de dos delitos continuados de agresión sexual a dos menores con discapacidad y por mantener conversaciones con fotos de contenido sexual con ellos por whatsapp tras una sentencia de conformidad dictada en sala este jueves. Los hechos se remontan a 2023, aunque la causa se inició formalmente en enero de 2024, después de que los padres de uno de los menores usuarios de un centro asistencial presentaran una denuncia ante la sospecha de una posible agresión sexual a su hijo. Tras la investigación llevada a cabo por un Juzgado de Instrucción de la provincia, la Guardia Civil identificó y detuvo al educador, que reconoció los hechos ante la autoridad judicial el 14 de enero de 2024 y permanece desde entonces en prisión provisional. De acuerdo con el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, el procesado entabló una relación de aparente amistad con los dos menores, que contaban con 14 y 15 años en el momento de los hechos, que derivó en diversos encuentros de carácter sexual prolongados en el tiempo. Algunos de ellos se produjeron en locales, entre ellos el de la sede de una entidad de carácter social y otros en una piscina municipal del norte de la provincia. Además, en ambos casos, según el fallo judicial dictado 'in vocce', el acusado envió a los menores material de contenido sexual a través de whatsapp. Finalmente, y tras alcanzarse un acuerdo de conformidad, el acusado -que ha llegado esposado a la sala porque permanece en prisión por estos hechos- ha reconocido los hechos sin mostrar arrepentimiento y ha aceptado una condena por dos delitos continuados de agresión sexual, así como por un delito de envío de material pornográfico a menor, con la concurrencia de las atenuantes de confesión y reparación del daño . Este extremo ha permitido que el tribunal atienda a esos dos elementos que reducen sustancialmente la pena solicitada en un principio y la condena quede fijada en 12 años de cárcel frente a los 52 que solicitaba en su escrito de calificación provisional el Ministerio Público. De este modo, la sentencia impone esa pena de prisión, además de penas accesorias como 14 años de libertad vigilada tras el cumplimiento de las penas privativas de libertad, 20 años de inhabilitación especial para cualquier profesión u oficio que implique contacto habitual con menores durante varios años. Del mismo modo, la condena incluye prohibición de aproximación y comunicación con las víctimas, a una distancia mínima de 150 metros, por periodos que alcanzan hasta los 15 años . En concepto de responsabilidad civil, el condenado consignó 20.000 euros tras reconocer los hechos en sede judicial , a razón de 10.000 euros para cada uno de los menores, cantidad que el tribunal da por satisfecha. La denuncia fue presentada el 12 de enero de 2024 ante los juzgados de Pozoblanco, y dos días después el acusado reconoció los hechos , asumiendo íntegramente las penas que ahora han sido ratificadas este jueves ante el tribunal de la sección segunda de la Audiencia Provincial.
