El encarecimiento del alquiler y la compra ha convertido el acceso a la vivienda en uno de los problemas más preocupantes en España, especialmente para jóvenes y familias con rentas medias y bajas, que ven cómo los precios se alejan de su capacidad económica. Aunque existen opciones que buscan paliar este problema, como la vivienda protegida , estas no resultan suficientes a día de hoy. En este contexto, cualquier sospecha de irregularidad en la adjudicación de casas o pisos públicos suele suscitar gran indignación entre los ciudadanos. Eso es precisamente lo que ha ocurrido en Alicante , por una promoción reciente de Viviendas de portección Pública (VPP) que ha terminado en el punto de mira por presuntas irregularidades en su adjudicación. Tal como recoge este periódico, en una promoción de viviendas de protección pública en la playa de San Juan (Alicante), varias VPP acabaron adjudicadas a cargos municipales, familiares y personas vinculadas al Ayuntamiento, a pesar de estar pensadas para rentas limitadas. Un informe interno detectó posibles conflictos de interés e incumplimientos de los requisitos de acceso y de uso, por lo que el Consistorio ha enviado el caso a la Fiscalía para que determine si hubo irregularidades o delitos. Ante este escenario, el programa 'Más Vale Tarde', de La Sexta, ha comentado el caso con el economista Gonzalo Bernardos , que denuncia que estas prácticas son muy habituales en nuestro país y da su opinión sobre cómo se debería de gestionar el reparto de este tipo de viviendas. « Se ha hecho toda la vida. Los políticos nos están vendiendo unas motos tremendas , diciendo 'a partir de ahora estas viviendas siempre serán de protección oficial y no podrán subir el precio': mentira», decía contundente Bernardos. «El que lo va a vender de aquí a unos años exigirá dinero en negro . Se ha hecho siempre y, cuando tú vas en contra del mercado y haces populismo, en este caso inmobiliario, pues acabas que la gente se salta las normas». Estas eran sus palabras después de que el programa mostrase información sobre que una inmobiliaria gestionaba la venta de algunas de las VPP indicando al comprador que, como parte del precio fijado, debía pagar una gran suma en metálico , en mano y antes de acudir al notario, lo que se conoce coloquialmente como pagar una parte en 'negro'. «A mí no me importa que personas que tienen ingresos bajos tengan una vivienda de protección oficial (VPO) y luego esa vivienda la puedan vender en el mercado. Esa es una manera que tendrá de poseer una pensión 'bis' y de mejorar su patrimonio», seguía exponiendo Bernardos, quien cree que lo que se debe castigar e impedir es que la gente «le eche cara» y añadía en el programa: «Hay varias maneras de echarle cara: Uno, salir en el sorteo cuando tú de vulnerable no tienes nada y de ingresos bajos tampoco ; ser hijo de un rico, ese hijo sale de la vivienda, dice que no tiene dinero y que su renta es muy pequeña y le dan una VPO, qué suerte ha tenido», comentaba con ironía el economista, que continuaba dando su opinión asegurando que se deben de impedir estas acciones y similares, como otro caso que es el de autónomos «que cobran más en B que en A». Gonzalo Bernardos concluía hablando así sobre el tema de la vivienda protegida: «Yo soy mucho más partidario de las viviendas de precio tasado y, sobre todo, de que el Ayuntamiento, la comunidad autónoma, el suelo no lo venda, solo venda la construcción, de esa manera saldría l a vivienda mucho más barata y los jóvenes podrían acceder a una vivienda nueva que ahora no tienen esa posibilidad».
