Manos Limpias denuncia en los juzgados por cuatro delitos las adjudicaciones "a dedo" de vivienda pública en Playa de San Juan

Manos Limpias ha denunciado en los juzgados a la exconcejal del PP en el Ayuntamiento de Alicante Rocío Gómez y a otras nueve personas -cuatro altos cargos y funcionarios del Consistorio, otros tantos de la cooperativa Fraorgi y un notario- por la supuesta comisión de delitos de tráfico de influencias, prevaricación, falsedad en documento mercantil y negociaciones prohibidas a funcionarios por la supuesta adjudicación irregular de viviendas de protección pública en complejo residencial "Les Naus" de Playa de San Juan a "concejales y funcionarios" del Ayuntamiento.

En el escrito presentado en la sección de instrucción de los juzgados de Alicante, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, el colectivo de funcionarios extiende también esas posibles ilicitudes -que los socialistas valencianos ya han denunciado ante la Fiscalía- a adjudicaciones a "directivos de la referida cooperativa". Según pone de manifiesto "no se hizo publicidad de esas viviendas con la justificación de que ya había listas de espera".

Además, sostiene que en varios casos las viviendas adquiridas "una vez escrituradas han sido puestas a la venta por el doble" del precio de su adquisición, "interviniendo una agencia inmobiliaria, donde en un vídeo manifiesta que una cantidad aproximada de 175 mil euros debe darse en B".

Asimismo, Manos Limpias -que solicita que se acepte su personación como acusación popular- señala en su denuncia que desde la Generalitat Valenciana "se amplió el límite de los ingresos totales de la unidad familiar para acceder a la vivienda".

Tres viviendas a familiares de un alto cargo

La exconcejal del PP, que dimitió cuando estos hechos salieron a la luz, fue una de las adjudicatarias de esas viviendas, al igual que -afirma la agrupación denunciante-, la directora de contratación del Ayuntamiento de Alicante, a quien "se le adjudicaron dos viviendas para sus hijos y otra para un sobrino".

Del mismo modo, sostiene que el funcionario jefe del servicio de viviendas y protección oficial, que fue suspendido en sus funciones por la Consejería de Vivienda de la Generalitat Valencia, "falsea presuntamente documentos y se adjudica un piso a su mujer", también denunciada.

Otro de los beneficiados, asegura, es un arquitecto municipal. Asimismo, afirma que se adjudicaron dos viviendas a los hijos del notario que escrituró las compraventas. Por último, apunta que cuatro directivos de la cooperativa "se adjudicaron todos un piso".

Apunta también a otros presuntos indicios de que las adjudicaciones fueron irregulares, como el hecho de que a varios hermanos se les adjudicaran entre dos y tres viviendas o que a algunos de los adjudicatarios se les asignaran dos pisos de protección pública.

Manos Limpias reclama al juzgado que, en su caso, asuma la instrucción, reclame "el expediente administrativo de adjudicación de las viviendas", que considera "prueba fundamental" para "dar veracidad a la denuncia".