Menos paro oficial, más gasto público: la cara oculta de la reforma laboral
España sufrió la mayor destrucción de empleo en 13 años el pasado mes de enero, con 270.782 afiliados menos. Sin embargo, el paro "solo" creció en 30.392 personas. Muchos de esos desempleados temporales llevan tiempo sin aparecer en las listas del paro, lo que genera la falsa ilusión de que el mercado laboral mejora.
Así, desde la aprobación de la reforma laboral, el paro registrado baja pero la factura del desempleo sigue subiendo. En 2023, 1,82 millones de personas percibieron prestaciones por desempleo, con un coste equivalente al 1,5% del PIB. La aparente contradicción encierra una de las claves del nuevo mercado laboral español: la intermitencia del empleo no se ha esfumado, solo se ha escondido bajo la alfombra y ahora se sostiene parcialmente con recursos públicos durante los periodos de inactividad, según las conclusiones de un estudio del Centro de Análisis de la Sostenibilidad del Modelo Económico (CASME) de la Fundación Civismo.
La explicación se encuentra en el crecimiento del contrato fijo discontinuo, la figura que ha permitido a la reforma laboral reducir de forma fulminante la temporalidad sin alterar la naturaleza estacional de buena parte del empleo en España. El resultado es un mercado laboral que aparenta mayor estabilidad, pero que mantiene intactas muchas de sus debilidades estructurales.
El salto estadístico fue inmediato. En apenas cuatro meses, el peso de los contratos indefinidos en la contratación mensual pasó del entorno del 10% en diciembre de 2021 a superar el 48% en abril de 2022. Posteriormente, el porcentaje se estabilizó en torno al 43%. Un cambio de esta magnitud difícilmente puede atribuirse a transformaciones productivas reales. Responde, sobre todo, a la sustitución normativa de contratos temporales por modalidades formalmente indefinidas.
El contrato fijo discontinuo se convirtió así en la piedra angular del nuevo modelo laboral. Jurídicamente indefinido, permite sin embargo mantener relaciones laborales ligadas a campañas concretas o temporadas. El trabajador sigue alternando fases de actividad con periodos sin empleo efectivo, aunque ya no aparece como temporal en las estadísticas oficiales.
Este fenómeno se refleja también en la caída del número total de contratos firmados. En 2023 se registraron 15,4 millones, un 15,6% menos que el año anterior y casi siete millones menos que antes de la pandemia. Lejos de reflejar una mayor estabilidad laboral, la reducción responde en gran parte a que una misma relación contractual puede mantenerse vigente todo el año aunque el trabajador solo sea llamado durante algunos meses.
“La rotación contractual visible se reduce, pero la intermitencia económica persiste”, sostiene Albert Guivernau, director de la Fundación Civismo. A su juicio, el mercado laboral no ha aumentado el volumen real de trabajo, sino que lo ha reorganizado bajo nuevas etiquetas administrativas.
Los datos de actividad respaldan esta lectura. En 2023, las horas efectivamente trabajadas apenas alcanzaron el 98,4% del nivel registrado en 2019, pese al fuerte crecimiento del empleo indefinido. Es decir, hay más trabajadores con contrato estable en el papel, pero no necesariamente más empleo real.
El auge del fijo discontinuo ha adquirido dimensiones estructurales. Las estimaciones basadas en diferentes fuentes estadísticas indican que el número de personas vinculadas a esta modalidad contractual ha pasado de unas 650.000 antes de la reforma a superar el millón tras su entrada en vigor, incluyendo tanto trabajadores activos como aquellos en periodos de inactividad. En algunos momentos del año, hasta el 45% de estos empleados permanece sin actividad.
La expansión se concentra en sectores tradicionalmente marcados por la estacionalidad. Hostelería, agricultura, comercio y servicios auxiliares concentran más del 60% de estos contratos. Son actividades con salarios bajos, fuerte dependencia del ciclo económico y escaso margen para mejorar la cualificación laboral. La reforma no ha modificado estas características, sino que las ha incorporado dentro del empleo indefinido.
Tampoco se observan avances significativos en productividad. España registró en 2023 una productividad por hora trabajada de 95,8 puntos, tomando como referencia 100 para la media de la Unión Europea. La cifra apenas ha variado respecto a los niveles previos a la reforma y mantiene una distancia considerable respecto a la zona euro, donde el indicador supera los 105 puntos.
El impacto más relevante se traslada al sistema de protección social. El descenso del paro registrado convive con un número elevado de perceptores de prestaciones, lo que sugiere que el ajuste laboral no ha desaparecido, sino que se canaliza de otra manera. Los periodos sin actividad de los trabajadores fijos discontinuos pasan a financiarse mediante subsidios públicos, trasladando parte del coste de la estacionalidad al presupuesto del Estado.
Este modelo genera además una nueva segmentación dentro del empleo indefinido. Junto a trabajadores con trayectorias laborales continuas, emerge un colectivo creciente de asalariados con contratos estables pero ingresos irregulares y menor número de jornadas efectivamente trabajadas al año. La dualidad del mercado laboral no desaparece: cambia de forma.
En el contexto europeo, el caso español presenta rasgos singulares. Mientras otros países combinan flexibilidad empresarial con mecanismos que refuerzan la estabilidad real del empleo -como ajustes de jornada o sistemas de flexiseguridad-, España ha priorizado la corrección de indicadores administrativos de temporalidad.
La consecuencia es un mercado laboral que enmascara sus carencias, pero que sigue arrastrando problemas de baja productividad, elevada estacionalidad y fuerte dependencia del gasto público para sostener el empleo intermitente. El contrato indefinido se convierte así en un paraguas jurídico que cubre realidades laborales muy distintas.