Financiación autonómica: ¿Y ahora qué?

Después de unas primeras valoraciones sobre la propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica (SFA), presentada recientemente por el Gobierno, se precisan conocer más detalles del proyecto para disponer de una visión global del mismo. No obstante, antes de avanzar en su tramitación parlamentaria, puede resultar de interés esbozar posibilidades para que, llegado el caso, el proyecto llegue a buen puerto. Ahora que la propuesta todavía está “tierna”, este artículo pretende debatir sobre la forma de mejorarla y aportarle coherencia.

Solo una aclaración inicial. Considero que abrir nuevas dimensiones en la discusión, como sucederá más abajo, no entorpece, sino que facilita la consecución de acuerdos más equilibrados. Encapsularse en una sola área reduce las posibilidades de compensar a los potenciales perjudicados. Minimizar los agravios comparativos se configura, pues, como un requisito imprescindible, sobre todo vista la nula sincronía entre el Ministerio de Hacienda y la inmensa mayoría de las comunidades autónomas (CCAA).

La idea central sería tomar el grueso de la propuesta de reforma del SFA presentada por el gobierno, aportarle más generalidad y encajarla en otra discusión en curso como es la condonación de deuda autonómica en manos del Estado, sincronizando ambas con la ineludible reforma de las reglas fiscales internas.

El esqueleto del nuevo SFA esbozado por el gobierno contiene una mezcla asumible de corresponsabilidad y equidad hasta la llamada nivelación vertical, inclusive. Se puede discutir si los nuevos porcentajes de cesión son excesivos o si el grado de ordinalidad es más o menos aceptable pero, como estructura conceptual, sirve para un debate ordenado. Por el contrario, los nuevos fondos de IVA Pymes y el Climático no tienen sentido en una discusión sobre federalismo fiscal; son apaños cuyos recursos se pueden reciclar para la nivelación y/o garantizar statu-quo en términos absolutos. Este statu-quo en términos relativos sí debe diluirse progresivamente.

Por otro lado, hace meses se puso en marcha un anteproyecto de ley orgánica para que el Estado asumiera deuda pública de las CCAA. Si bien, a mi juicio, es una iniciativa necesaria para que muchos gobiernos regionales alcancen la autonomía financiera que requiere su condición, la propuesta gubernamental es claramente mejorable, como se ha explicado desde diferentes fuentes.

Repensar las cifras (hay CCAA que no necesitan condonación y otras a las que le resultará insuficiente) y exigir una estricta condicionalidad fiscal para que no se perciba como un premio son, en mi opinión, dos vectores de mejora evidentes. Hay, sin duda, CCAA que cargan con una pesada deuda pública ocasionada en parte por su infrafinanciación relativa. Por consiguiente, sincronizando con sentido la reforma del SFA y la condonación parcial de la deuda se enfrentan simultáneamente causa y consecuencia.

Y una tercera pieza para encajar la reforma integral de las finanzas autonómicas consistiría en renovar la gobernanza fiscal de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. El Estado y las CCAA llevan siete años sin objetivos de déficit ni deuda pública, y la regla de gasto, desalineada con la europea, adolece serios problemas de diseño, aplicación y coherencia con el resto de reglas. Emprender en estas condiciones una reforma del SFA acompañada de una condonación de deuda autonómica debilitaría la estabilidad financiera del país.

Dotar de credibilidad a la gobernanza fiscal española es un activo en sí mismo. Pero, además, en el contexto de las propuestas ahora lanzadas sobre el SFA y la deuda autonómica, adquiere virtudes adicionales. De un lado, permitiría dosificar la recomposición de recursos que tendría lugar entre el Estado y las CCAA. Con otras palabras, aumentar en 21.000 millones de euros los ingresos de los gobiernos autonómicos en 2027 a resultas de la reforma del SFA no casa bien con que ese dinero rápido y fácil se vaya a gastar de manera eficiente. Además del agujero que provocaría en las arcas estatales.

De otro lado, si la nueva gobernanza fiscal española sigue la senda de la europea, cabe pensar en la definición de objetivos fiscales específicos para cada administración y encaminados a la reducción de deuda pública. Así, las exigencias de consolidación fiscal de cada comunidad autónoma podrían diferir según los recursos que allegarían tras la reforma del SFA, los porcentajes de condonación de que disfrutarían, sus niveles de deuda pública y esfuerzos fiscales previos, entre otros factores.

En definitiva, se trata de aprovechar los grados de libertad de discutir sobre finanzas autonómicas en varias dimensiones. Las más beneficiadas en un aspecto pueden ser sometidas a exigencias más intensas o ganancias menos abundantes en otros. Todo esto que les acabo de exponer resulta viable desde el punto de vista técnico y, con la coherencia necesaria, puede trasladarse en forma de diferentes escenarios al nivel político para tomar decisiones. Es posible que para ello necesitemos menos Consejos de Política Fiscal y Financiera y más trabajo discreto pero efectivo de funcionarios y expertos.