Castilla-La Mancha continúa instalada en la parte alta del mapa de la pobreza en España. A pesar de una ligera mejora en algunos indicadores durante 2025, el 34% de la población de la región, uno de cada tres habitantes, se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social , una cifra que supera en más de ocho puntos la media nacional, situada en el 25,7%, según el avance del informe 'El Estado de la Pobreza - febrero 2026', elaborado por la red europea EAPN. El dato, aunque ligeramente inferior al registrado en 2024, confirma la dificultad estructural de Castilla-La Mancha para converger con el conjunto del país en materia de bienestar social. La tasa AROPE —el principal indicador para medir la pobreza y la exclusión— apenas baja dos décimas respecto al año anterior, una evolución que contrasta con el descenso sostenido, aunque lento, que se observa a nivel nacional en los últimos ejercicios. Esta estabilidad en niveles elevados sitúa a la región en una posición delicada dentro del contexto español y europeo, especialmente si se tiene en cuenta que la Agenda 2030 marca objetivos mucho más ambiciosos. Según los cálculos del propio informe, para cumplir con una evolución proporcional adecuada, la tasa AROPE debería haberse reducido hasta el entorno del 19%, un umbral todavía muy lejano para Castilla-La Mancha. La tasa de riesgo de pobreza, que mide el porcentaje de personas cuyos ingresos están por debajo del 60% de la renta mediana nacional, también muestra una mejora moderada en la comunidad. En 2025 se sitúa en el 25,9%, frente al 27,4% del año anterior, lo que supone una reducción de 1,5 puntos. Sin embargo, este avance no impide que la región se mantenga 6,4 puntos por encima de la media española, que alcanza el 19,5%, el valor más bajo de toda la serie histórica a nivel nacional. En términos prácticos, estos porcentajes se traducen en que uno de cada cuatro castellanomanchegos vive con ingresos inferiores al umbral de pobreza, fijado en 12.220 euros anuales por unidad de consumo. Una cifra que, pese al aumento de las rentas medias en el último año, sigue reflejando una realidad de ingresos bajos y escaso margen económico para una parte muy amplia de la población. El mercado laboral ofrece una lectura similar. La proporción de personas que viven en hogares con baja intensidad en el empleo se reduce ligeramente hasta el 10%, siete décimas menos que en 2024. No obstante, este indicador continúa dos puntos por encima del promedio nacional, lo que evidencia que una parte significativa de los hogares de la región sigue dependiendo de empleos inestables, parciales o insuficientes para garantizar una situación económica sólida. El informe subraya que la baja intensidad laboral es el único de los componentes del indicador AROPE que, a escala nacional, mantiene una evolución compatible con los objetivos de la Agenda 2030. Sin embargo, en Castilla-La Mancha este avance es más débil y no logra compensar el peso de otros factores como los bajos salarios o la limitada capacidad adquisitiva de muchos hogares. Más preocupante resulta la evolución de la carencia material y social severa, un indicador que mide la imposibilidad de afrontar al menos siete de trece gastos o necesidades consideradas básicas, como hacer frente a gastos imprevistos, irse de vacaciones una semana al año, mantener la vivienda a una temperatura adecuada o sustituir muebles o ropa deteriorada. En 2025, este indicador empeora en Castilla-La Mancha y alcanza al 9,8% de la población, frente al 8,6% del año anterior. Este incremento contrasta con la estabilidad que se observa en el conjunto del país y sitúa a la región casi dos puntos por encima de la media nacional, fijada en el 8,1%. El dato apunta a un deterioro de las condiciones de vida cotidianas, incluso en un contexto de crecimiento económico y aumento nominal de las rentas, lo que refuerza la idea de que la mejora macroeconómica no está llegando de forma efectiva a una parte relevante de la población. Las dificultades para llegar a fin de mes siguen siendo otro de los grandes problemas estructurales de la comunidad. En 2025, el 51,6% de los castellanomanchegos reconocía tener problemas para cubrir sus gastos mensuales, un porcentaje prácticamente estancado respecto al año anterior y claramente superior al 45,9% del conjunto de España. Más de la mitad de la población vive, por tanto, en una situación de equilibrio precario, especialmente vulnerable ante cualquier imprevisto económico. En esta misma línea, el informe refleja un aumento significativo de las personas que no tienen capacidad para afrontar gastos imprevistos, que en Castilla-La Mancha alcanza ya al 41,4% de la población, casi cuatro puntos más que en 2024 y cinco puntos por encima de la media nacional. Este indicador se ha convertido en uno de los principales termómetros de la pobreza real, al marcar la frontera entre la estabilidad económica y el riesgo de exclusión. El análisis de los ingresos refuerza este diagnóstico. La renta media por persona en Castilla-La Mancha se sitúa en 13.387 euros anuales, lo que supone más de 2.200 euros menos que la media española, fijada en 15.620 euros. Aunque en el último año se ha producido un incremento de más de 1.000 euros por persona, la brecha con el resto del país sigue siendo notable y limita el impacto real de esta mejora sobre la reducción de la pobreza. El propio informe de EAPN advierte de que, a nivel nacional, el aumento de las rentas medias no se está traduciendo en una reducción significativa de la pobreza ni en un avance suficiente hacia los objetivos de la Agenda 2030. En el caso de Castilla-La Mancha, esta advertencia cobra una dimensión aún mayor, ya que la comunidad no solo se mantiene por encima de la media española, sino que muestra mayores dificultades para avanzar al ritmo necesario. En conjunto, los datos de 2025 dibujan un escenario de leve mejora técnica, pero sin cambios estructurales de fondo. Castilla-La Mancha reduce algunos indicadores, pero continúa arrastrando una situación de mayor vulnerabilidad social que el conjunto del país. Una realidad que, según subraya el informe, apunta a la necesidad de políticas específicas y sostenidas en el tiempo que aborden el empleo, los ingresos, el acceso a la vivienda y la protección social como pilares fundamentales para reducir la pobreza y la exclusión en la región.
