El presidente de la AMPA del colegio Maristas de Alicante ha sido condenado por gastarse 28.000 euros de las familias de alumnos en masajes, servicios sexuales de prostitución , comidas suntuosas y en compras, entre otras, de un ordenador portátil de alta gama de 1.700 euros. Ahora, tendrá que devolver el dinero en cuotas mensuales o ingresará en prisión. Este caso podría parecer insólito por el uso de fondos previstos para emergencias y situaciones adversas en la comunidad educativa en pagarse vicios personales sin ningún escrúpulo. Pero, para colmo, la anterior directiva también acabó en los tribunales por un posible desfalco de más de cien mil euros, aún pendiente de resolución. «Y ahora el nuevo presidente hace lo mismo y en tres meses y medio, son 28.000 euros, de una cuenta prevista para contingencias de tipo niños que se quedan huérfanos, padres con alguna discapacidad que no tengan medios, para material escolar, excursiones, en definitiva, es para los niños y para ayudar», explica Santiago Talavera, el abogado que ha llevado este caso. Su impresión personal es que «lo que más ha dolido son las formas y en qué se lo ha gastado, porque si alguien se ve desesperado por necesidad, por ejemplo, con un hijo enfermo, pues se puede comprender, pero aquí no hay por donde cogerlo». Ciertamente, Elías S. se dio el gusto de contratar « masajes eróticos , servicios sexuales con un amigo suyo que no está identificado y pagaba él con la tarjeta de la asociación, o hacía reintegros en cajeros -está documentado con fotos- comía en restaurantes de lujo , hacía compras en Mercadona, también un ordenador de alta gama de 1.700 euros en vísperas de Nochebuena, se ve que para un regalo, es tremendo». Su condena a dos años de prisión por un delito de apropación indebida está en suspenso durante cinco años a condición de que devuelva el dinero en cuotas mensuales de 420 euros, aunque este abogado ve «muy improbable» que cumpla esta obligación («ojalá me equivoque»), con su situación actual. «Me reprochó a mí y a la prensa que ahora nadie le da trabajo y está en desempleo como un apestado », relata Talavera, que detalla cómo antes del juicio consignó 3.000 euros para intentar hacer valer la reparación del daño, «una cantidad ridícula». Ni eso ni la confesión durante la instrucción judicial le valieron como atenuantes, aunque tampoco el abogado de los denunciantes consiguió en su estrategia procesal que se considerara «agravado» el delito por «abuso de confianza» y por ser continuado, además de por afectar a los socios individualmente, pero el juez lo desestimó al ser inferior a 50.000 euros -no era competente y hubiera tenido que asumir la Audiencia Provincial- y también por mantener que el daño lo sufrió la asociación en su conjunto. Talavera preguntó al acusado en el juicio «¿por qué?» lo había hecho, a lo que confesó que estaba «arrepentido, que estaba pasando una mala racha » y que si pudiera volver atrás, no lo volvería hacer, sin más explicaciones.
