Bruselas cuestiona la nueva ley antitabaco de Mónica García
El Ministerio de Sanidad ha vuelto al centro del debate regulatorio sobre el consumo de tabaco y productos asociados tras una oleada de observaciones y dictámenes motivados de la Comisión Europea y varios Estados miembros de la Unión Europea (UE), así como advertencias formales de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), sobre la posible incompatibilidad del anteproyecto de ley antitabaco con el marco jurídico comunitario.
La política antitabaco en España, que se apoya en dos pilares -el Real Decreto 579/2017, que regula aspectos técnicos de los productos de tabaco y relacionados, y la Ley 28/2005, que controla venta, suministro, consumo y publicidad- ha entrado en un punto crítico de revisión tras las fuertes objeciones recibidas en Bruselas y en varios países de la UE.
Hace varios meses, el Gobierno español remitió al procedimiento conocido como TRIS (Technical Regulation Information System) de la UE el proyecto de modificación del real decreto 579/2017, que introducía restricciones en la fabricación, presentación y comercialización de productos del tabaco y relacionados, incluidos los cigarrillos electrónicos, las bolsas de nicotina y productos a base de hierbas calentadas.
La Comisión Europea emitió observaciones críticas al texto, subrayando que algunas de las medidas propuestas podían dificultar la libre circulación de mercancías en el mercado interior y expandir desproporcionadamente el ámbito regulatorio más allá de lo que prevé la normativa comunitaria.
Seis países en contra
Además, seis Estados miembros (Rumanía, Hungría, República Checa, Grecia, Italia y Suecia) presentaron dictámenes razonados contra la propuesta española, señalando que el proyecto podría vulnerar el Acuerdo de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) al restringir injustificadamente la competencia y la libre circulación, sin demostrar necesidad ni proporcionalidad de las medidas.
Este contexto llevó a Sanidad a eliminar del proyecto de real decreto la regulación del empaquetado genérico de productos, que había sido uno de los puntos más polémicos de la propuesta original. Según declaró la ministra, Mónica García, la retirada de esta medida obedeció a «cuestiones de rango normativo», y tiene intención de volver a introducirla más adelante.
En concreto, la CNMC advirtió de que muchas de las medidas propuestas –como la eliminación de los sabores en los cigarrillos electrónicos o la prohibición de los de un solo uso– «carecen de justificación suficiente bajo los principios de necesidad, proporcionalidad y no discriminación, y podrían restringir injustificadamente la libertad de empresa y distorsionar la competencia»,
Productos no equiparables
Uno de los puntos más criticados por la CNMC es la equiparación normativa de productos sustancialmente distintos, como los productos de tabaco tradicionales y los dispositivos electrónicos de vapeo, incluyendo la extensión del régimen de publicidad, promoción y patrocinio del tabaco a estos dispositivos.
Según el organismo, esto podría favorecer injustamente a ciertos canales de venta, como los estancos, en detrimento de otros, y congelar la innovación en el sector.
En su informe más reciente, publicado en diciembre de 2025, la CNMC recomendó revisar estas restricciones para evitar su aplicación automática y valorar alternativas menos restrictivas que permitan alcanzar los objetivos de salud pública sin causar efectos adversos competitivos.
La polémica no queda circunscrita a Bruselas y a los organismos reguladores. La Mesa del Tabaco, representativa del sector en España, ha reclamado que cualquier modificación de la legislación antitabaco se base en evidencia científica y análisis de impacto económico riguroso. Este colectivo ha subrayado la importancia de considerar la cadena de valor del sector y el impacto de las medidas restrictivas, al tiempo que se respete la competencia y la seguridad jurídica.
Por otra parte, organizaciones sanitarias y profesionales de la salud han respaldado algunos aspectos del anteproyecto de ley que amplía las prohibiciones de fumar y vapear, especialmente en espacios públicos al aire libre como terrazas, espacios infantiles o eventos multitudinarios, y en la prohibición del consumo por menores. Sin embargo, sus posiciones también han sido objeto de debate público y mediático, reflejando un escenario de tensiones entre salud pública, regulación económica y libertades.
El contexto legal en el que se sitúa este debate es cambiante. Por un lado, la normativa europea sobre productos del tabaco está en revisión, lo que podría alterar los criterios comunitarios de regulación y armonización. Por otro, España se enfrenta a la necesidad de adaptar su legislación sin entrar en conflicto con las obligaciones del mercado interior ni con los principios comunitarios.
Ley congelada por Junts
A estas dificultades se suma que el Gobierno ha perdido completamente el apoyo de Junts, que en noviembre anunció que presentará enmiendas a la totalidad al 100% de los proyectos legales pendientes de debate en Congreso. La ley antitabaco de Mónica García es una de ellas, además de otras nueve que su departamento pretendía sacar adelante esta legislatura. También se esperan más interacciones con la Comisión Europea, que podrá exigir ajustes adicionales o formalizar objeciones si considera que el texto no se ajusta a la normativa comunitaria.