Despiden a un trabajador después de que se le cayese una viga encima: sentencian 25.000 euros de indemnización
Cuando un trabajador se encuentra en situación de baja médica o incapacidad temporal, la empresa está obligada a respetar una serie de derechos fundamentales. Entre ellos destacan la prohibición de discriminación por razón de enfermedad, el mantenimiento de la relación laboral mientras dure la incapacidad y la garantía de que cualquier decisión extintiva esté basada en causas objetivas y verificables ajenas al estado de salud del empleado. De esta manera, el ordenamiento jurídico protege de forma expresa a quienes atraviesan procesos de recuperación para evitar represalias empresariales encubiertas que vulneren su dignidad y su integridad profesional.
Al mismo tiempo, y de la misma forma que la compañía contratante, el trabajador también debe cumplir con determinadas obligaciones durante la baja médica. Entre ellas se incluyen seguir el tratamiento prescrito, acudir a las revisiones médicas y no realizar actividades incompatibles con su proceso de curación. El respeto a estas obligaciones es clave para preservar la buena fe contractual y evitar conflictos legales, aunque su incumplimiento nunca puede justificar decisiones empresariales que vulneren derechos fundamentales ni la pérdida automática del empleo.
En este contexto, se encuadra el caso de un trabajador despedido tras sufrir un grave accidente laboral al caerle una viga encima mientras desempeñaba su trabajo. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha condenado a la empresa a indemnizarle con 25.000 euros por daños morales, al considerar acreditado que el despido estuvo motivado por su situación de incapacidad temporal derivada del accidente. La sentencia refuerza la protección de los empleados frente a decisiones empresariales discriminatorias.
Un accidente laboral en mitad de la jornada
Los hechos se remontan al 9 de noviembre de 2022, cuando el trabajador, de 58 años, empleado como peón especialista por la empresa La Tartana Costa Dorada SL, sufrió un accidente durante la demolición de un edificio en Tarragona. Una viga se desprendió y le cayó encima, provocándole fracturas en la columna vertebral que derivaron en una situación de incapacidad temporal prolongada. El trabajador había iniciado su relación laboral con la empresa en mayo de 2022 y realizaba tareas de especial riesgo.
Mientras permanecía de baja médica, la empresa le remitió una carta de despido el 25 de enero de 2023. En dicha comunicación reconocía la improcedencia del despido y le abonaba una indemnización de 1.320 euros, sin aportar una causa objetiva que justificara la extinción del contrato en ese momento. Esta actuación fue interpretada por el trabajador como una represalia directa vinculada a su estado de salud y, por ende, decidió llevar el caso a los juzgados en relación al papel que había tomado la organización al respecto.
La Justicia declara improcedente: vulneración de derechos
La primera resolución judicial llegó en noviembre de 2024, cuando el Juzgado de lo Social número 1 de Reus desestimó la demanda al considerar que no había quedado acreditada la existencia de daños y perjuicios adicionales derivados del despido. Ante este fallo, el trabajador presentó recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, alegando vulneración de derechos fundamentales.
El tribunal autonómico revisó el caso y tuvo en cuenta el informe de la Inspección de Trabajo, que había constatado incumplimientos en materia de seguridad por parte de la empresa como causa del accidente. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña concluyó que existían indicios suficientes de discriminación por enfermedad, ya que el despido se produjo durante la baja médica y sin justificación objetiva, por lo que revocó la sentencia anterior y condenó a la empresa a pagar 25.000 euros en concepto de indemnización por daños morales. El despido no fue declarado nulo únicamente porque el plazo legal para solicitar dicha nulidad había caducado, lo que no impidió el reconocimiento del daño sufrido.