Apresan al alcalde de Guayaquil por presunta delincuencia organizada
Este artículo fue publicado originalmente en El Día.
Quito.– Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, la ciudad más poblada de Ecuador, ha sido detenido este martes junto a otras diez personas en un caso que investiga presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria, informó la Fiscalía General del Estado.
En el llamado caso Goleada, el Ministerio Público indicó que se ejecutaron órdenes de detención “con fines de formulación de cargos" contra once personas investigadas en esta causa, “entre ellas los hermanos Aquiles, Antonio y Xavier A.".
La Fiscalía publicó en sus redes sociales fotografías del operativo en las que aparece dinero en efectivo, entre otras evidencias.
La prensa local informó de que el alcalde de Guayaquil (suroeste) sería trasladado a la capital ecuatoriana, Quito.
Por orden judicial, desde mediados del año pasado, el alcalde de Guayaquil debía portar un grillete electrónico por otro caso, denominado Triple A, que investiga un presunta comercialización ilegal de hidrocarburos.
Sin embargo, la Fiscalía informó este martes en su cuenta de la red social X de que al momento de su detención, “Aquiles A. no portaba el grillete electrónico, medida cautelar dispuesta dentro del caso Triple A".
La investigación del caso Triple A nació de una denuncia que presentó en julio de 2024 la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables del Gobierno del presidente Daniel Noboa, a quien el alcalde de Guayaquil acusó inicialmente de estar detrás de todo, pues poco antes había asegurado ser “el único en el país” que “se le planta".
Esta Agencia reportó irregularidades en la distribución y comercialización de combustibles subsidiados por el Estado, lo que le habría causado un perjuicio, al supuestamente haber sido comercializados en países vecinos a un valor acorde al mercado internacional, sin subvenciones estatales.
Tras la denuncia, la Fiscalía allanó varias oficinas de estaciones de servicios pertenecientes a la compañía Copedesa, de Alvarez y su familia, ante la sospecha de un desbalance entre el combustible adquirido y el efectivamente administrado en sus surtidores.
Meses después, el Ministerio Público procesó a cinco personas y a cinco empresas por el presunto delito de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de hidrocarburos.
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