El Consejo de Ministros, a petición del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha aprobado este martes el Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento general de suministro, comercialización y agregación de energía eléctrica, el cual incluye multas de hasta seis millones a las comercializadoras de electricidad para acabar con el 'spam' telefónico. En concreto, con el nuevo decreto se prohíben de forma general las llamadas comerciales para la comercialización de energía eléctrica salvo que exista una petición expresa e inequívoca por parte del consumidor. Así, la vulneración de cualquier medida de protección al consumidor puede ser constitutiva de infracción grave, y se impondrá al infractor multa por importe no inferior a 600.001 euros ni superior a seis millones de euros. La entidad competente para incoar y resolver este tipo infractor será la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Asimismo, dicho reglamento establece un prefijo específico para las llamadas comerciales, y, en caso de incumplimiento, bien por no utilizar el prefijo o por llamar a alguien que había solicitado que no se le llamase, los proveedores de telecomunicaciones deberán bloquear ese número. De este modo, tal y como ha avalado el Consejo de Estado durante la tramitación de la norma, se trata de la regulación sectorial eléctrica «más garantista y la que mayor protección ofrece al consumidor», complementando lo establecido por las legislaciones horizontales. En este sentido, la titular de la cartera, Sara Aagesen, ha afirmado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que dicha norma pretende «modernizar el sistema eléctrico», ya que tiene como objetivos principales «proteger al consumidor, sobre todo a los más vulnerables, poner al ciudadano en el centro y seguir apostando por la transición energética». «Una norma que pretende garantizar un acceso justo y transparente cuando hablamos de energía eléctrica en un mercado que sabemos que muchas veces genera desconfianza en los consumidores, que se amplifica quizás por esa complejidad en los asuntos relacionados con el sector eléctrico», ha añadido, haciendo hincapié en que el objetivo es «reequilibrar la balanza entre el consumidor y las empresas eléctricas sin barreras, sin prácticas comerciales abusivas y sin la promoción de ofertas poco ventajosas y poco transparentes para los consumidores». En concreto, la norma establece el régimen jurídico aplicable a estas actividades minoristas del sector eléctrico e incrementa los niveles de protección de los consumidores y su empoderamiento, puesto que aumenta las opciones para participar en los mercados de la electricidad, con nuevas modalidades de contratación y el marco normativo de referencia para la figura del agregador de demanda. Entrando al detalle, el Decreto prohíbe, con carácter general, las llamadas telefónicas a los hogares para hacer publicidad o para prácticas de contratación cuando no las haya solicitado expresamente el consumidor con carácter previo o sea él quien llame a la compañía, reforzando y complementando las vigentes disposiciones de la legislación de telecomunicaciones y de atención a la clientela.
