Imaz cree que Repsol será clave en el camino a "una Venezuela mejor"
El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, ha defendido que los recientes acontecimientos en Venezuela abren una oportunidad para el desarrollo económico y social del país y permiten iniciar una nueva etapa para su industria energética. Durante su intervención en el 23º IESE Energy Industry Meeting, organizado por IESE Business School junto a Deloitte, el directivo vasco subrayó que Venezuela necesita estabilidad económica y social y consideró que Repsol puede desempeñar un papel clave en el proceso.
Imaz destacó la larga trayectoria de la petrolera española en el país, donde participa como uno de los principales productores de gas junto a la italiana Eni. Según explicó, la compañía ha mantenido su actividad durante años pese a no recibir pagos en efectivo, sino mediante cobros en especie para compensar la deuda acumulada por la petrolera estatal PDVSA. En este sentido, aseguró que la producción de gas ha sido clave para sostener el sistema eléctrico venezolano.
El directivo también defendió el potencial de los hidrocarburos como base del desarrollo económico del país y recordó que la compañía ha trasladado este mensaje a la Administración estadounidense. En este contexto, señaló que Repsol pretende aumentar su producción en Venezuela, con el objetivo de impulsar los ingresos fiscales del país y favorecer su crecimiento.
La reciente decisión del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de flexibilizar las sanciones al crudo venezolano, mediante la Licencia General nº 46, abre la puerta a que compañías extranjeras puedan retomar operaciones en el país. Esta medida podría facilitar la actividad de Repsol, que participa con un 40% en la empresa conjunta Petroquiriquire.
Además, la petrolera española ha reforzado sus acuerdos con grandes comercializadoras internacionales para importar crudo venezolano, lo que ya ha permitido el envío de cerca de dos millones de barriles a refinerías en España.
Por otro lado, Imaz aprovechó su intervención para criticar la política energética y económica de la Unión Europea, a la que acusó de haber priorizado decisiones ideológicas frente a la competitividad industrial y el bienestar social. Según afirmó, Europa ha perdido peso económico en el escenario global y sufre las consecuencias de una elevada regulación y del encarecimiento de la energía, lo que ha provocado el cierre de parte de su industria intensiva en consumo energético.
Asimismo, defendió la necesidad de apostar por la neutralidad tecnológica en la transición energética y cuestionó medidas como la prohibición del motor de combustión a partir de 2035. A su juicio, la descarbonización, la autonomía estratégica y la cohesión social solo serán posibles si Europa recupera su competitividad y capacidad industrial. En este sentido, ha indicado que gravar a la industria europea con derechos de CO2 es un "disparate", ya que "no sirve para descarbonizar" sino que acelera la deslocalización de empresas hacia India o China, donde "siguen produciendo acero o queroseno" que después importa el Viejo Continente.